Las guerras internas por el control del poder en YPFB y las acusaciones de irregularidades, convierten a la petrolera estatal en la institución más inestable del Gobierno boliviano, cuando el objetivo de Evo Morales era hacerla resurgir de sus cenizas y transformarla en el motor económico del proceso de cambio en el país. En tan sólo 14 meses, han pasado por su dirección tres presidentes. Ahora, el ex viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Arequipa, se convierte en el cuarto. La pregunta que ayer se hacían los medios de comunicación bolivianos es: ¿cuánto durará?

Los 44 nuevos contratos de riesgo compartido suscritos con las 12 multinacionales petroleras que operan en el país (entre ellas Repsol-YPF), no han entrado todavía en vigor -a pesar de que se firmaron el pasado 28 de octubre- puesto que la oposición detectó y denunció múltiples errores en las leyes que aprobaban esos mismos contratos. En algunos casos, los nombres de los campos petrolíferos aparecían con erratas, en otros la razón social de la empresa se escribía de forma incorrecta. El Gobierno lo atribuyó a las prisas de última hora.

Pero el gran escándalo estalló cuando se descubrió que existían dos anexos distintos sobre procedimientos contables, con el mismo nombre, y con condiciones más y menos favorables para las empresas, dentro de un mismo contrato. La irregularidad se detectó en el acuerdo suscrito con la empresa brasileña Petrobrás. «¿Cuál es el anexo correcto», se preguntó la oposición.

Entonces se descubrió que Manuel Morales Olivera negoció, cuando sólo ejercía como asesor en el equipo directivo de YPFB, un nuevo anexo con condiciones ligeramente más blandas para la empresa inmediatamente después de la firma oficial del contrato que incluía el primer anexo más estricto. Por obra y gracia del misterio, el original de ese primer anexo (el válido) fue destruido, aunque al Congreso llegó una fotocopia del mismo, que es el que finalmente se aprobó, dejando anuladas las «condiciones más blandas».

Sin quejas

Petrobrás, de momento, no ha presentado quejas. Tampoco Repsol YPF, en cuyo contrato se firmó desde el principio el anexo más flexible, y sin embargo el Congreso boliviano aprobó el más duro.

Lo grave del asunto es que el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, asegura que se enteró del enredo casi al mismo tiempo que toda la población. Y aún más: el equipo jurídico de YPFB no accedió nunca a la versión original de los contratos, sino a una presentación resumida de los mismos.

Estos días se ha creado una comisión especial de investigación en el Senado, para tratar de aclarar la confusión. En ella han declarado los máximos responsables del sector de hidrocarburos, y a partir del lunes lo harán los responsables de las petroleras Petrobrás, Total y Repsol, que son socias en Bolivia. Mientras, la puesta en marcha de los contratos -que ya fueron aprobados por el Congreso sin ser revisados- continúa pendiente.

Morales Olivera, el cesado presidente de YPFB, es hijo de un parlamentario del partido gubernamental y hermano de la directora de Aduanas, Marcia Morales. Su nombramiento, en enero pasado, ya estuvo rodeado por la polémica.