El polémico informe del ex comisario de la UCI está en poder del juez Garzón, quien mantiene secretas todas las actuaciones no sólo sobre el chivatazo sino también contra el entramado financiero de ETA, investigaciones que no se han reflejado ni en más detenciones ni en más registros.
Son muchas las voces que durante las últimas semanas se han trasladado a la Audiencia Nacional reclamando al juez Garzón que levante el secreto del sumario en la parte de la trama del impuesto revolucionario, sobre todo desde las filas nacionalistas vascas. No en vano, su dirigente y responsable de relaciones internacionales, Joseba Aguirre, fue detenido y se encuentra imputado en esa causa.
Los investigadores aportaron al juez conversaciones de este dirigente nacionalista con el que fuera presidente del PNV Xabier Arzalluz hablando sobre el pago del denominado impuesto revolucionario. Desde la formación nacionalista se insiste y se reclama la necesidad de que Garzón levante el secreto de sumario sobre esta causa para conocer cuáles son los datos que obran en poder del magistrado y que implican al dirigente nacionalista en esta trama etarra.
Este periódico ya informó de que en las intervenciones telefónicas de la Policía se habían detectado llamadas de dirigentes del Partido Socialista de Euskadi a alguno de los inculpados en esta causa. Tanto desde el Ministerio del Interior como desde la formación vasca se apresuraron a negar que existieran estas grabaciones. Sin embargo, fuentes de la investigación insisten en que en el sumario instruido por Garzón existen esas conversaciones registradas.
El propio Arzalluz tuvo que prestar declaración y escuchar las conversaciones con su compañero de partido que habían sido interceptadas por la Policía.
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