Lunes, 26 de marzo de 2007. Año: XVIII. Numero: 6308.
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CRISIS ANTITERRORISTA / Actuación bajo sospecha
El investigador del chivatazo estaba en contra de detener a la red de extorsión de ETA
El inspector jefe que dirigió la investigación contra Elosua creía que perjudicaba el 'proceso de paz' El entonces comisario de la UCI envió un informe al juez Grande-Marlaska con todos los datos
FERNANDO LAZARO

MADRID.- Un informe policial aportado a la Audiencia Nacional indica que el mando responsable de la operación contra el entramado financiero de ETA, desmantelado en mayo del pasado año por orden del juez Fernando Grande-Marlaska, se había mostrado en contra de esta actuación al considerar que podía perjudicar el llamado proceso de paz.

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Según informaron a este periódico fuentes cercanas a la investigación, estos datos fueron aportados por el que fuera comisario de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Comisaría General de Información en aquellas fechas a requerimiento del entonces instructor de ese sumario, Grande-Marlaska. Este comisario envió al menos tres informes a este magistrado y otros dos a Baltasar Garzón cuando éste retornó a su juzgado tras su estancia en Estados Unidos.

Este mando envió sus informes en el marco de las investigaciones abiertas por Grande-Marlaska en torno al chivatazo policial que recibió ETA sobre la operación que se gestaba contra su aparato financiero. El responsable de la UCI se refería así a los comentarios que durante las reuniones preparatorias para desmantelar la trama del impuesto revolucionario realizó el inspector jefe Carlos G. H., entonces jefe de la sección de Economía de la Unidad Central de Inteligencia.

Actuaciones secretas

Este mando policial era uno de los responsables de la investigación contra el entramado financiero de ETA liderado por Joseba Elosua, propietario del bar Faisán.

Este periódico trató de recabar la información tanto del comisario que dirigió la UCI como del inspector jefe al que se refería el informe remitido a la Audiencia Nacional sin obtener respuesta en ningún caso.

Los informes elaborados por el comisario en los que se refleja la actitud del inspector jefe se encuentran en manos del juez Garzón, quien mantiene secretas tanto el sumario sobre la trama del cobro del llamado impuesto revolucionario, como la pieza segregada de este sumario en la que se presume que se investiga el autor o autores del chivatazo policial a ETA.

Pese a este chivatazo y contra viento y marea, el juez Grande-Marlaska logró desmantelar ese entramado etarra que se dedicaba al cobro del impuesto revolucionario a empresarios del País Vasco. Y durante sus pesquisas tuvo conocimiento de que se había producido la delación a Elosua. Grande-Marlaska abrió una pieza separada sobre este caso y recabó informes policiales. Encargó las pesquisas tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil. Fue en esta fase y para esa pieza separada y secreta para la que el comisario de la UCI envió los informes sobre los postulados del responsable de la investigación.

Posteriormente, tras regresar de Nueva York, el sumario y la pieza separada y secreta quedaron en manos del juez Baltasar Garzón. Fue este juez, al hacerse cargo de nuevo de su juzgado, el que decidió mantener al inspector jefe Carlos G. H. al frente de las de investigaciones sobre el chivatazo. Garzón, al mismo tiempo, prescindió de la Guardia Civil.

Su antecesor, el juez Grande-Marlaska, no contó precisamente con grandes ayudas para sacar adelante las investigaciones sobre la trama financiera de ETA. De hecho, los propios operativos no lo consideraban oportuno e interpretaban las investigaciones en clave de inoportunidad política, como es el caso del inspector jefe citado en los informes policiales. Sólo la perseverancia de este juez y el impulso que las pesquisas recibieron desde territorio francés por parte de la juez antiterrorista Levert permitieron poner en marcha la operación. Desde hacía más de 10 años existían ya indicios de que en el bar Faisán se gestionaba el denominado impuesto revolucionario.

Pero su gran sorpresa fue detectar el chivatazo policial en el que, según estas fuentes, podrían haber participado dos policías: uno le entregó a Elosua un teléfono en su bar y un segundo le facilitó todos los datos en una llamada a ese aparato telefónico.

Grande-Marlaska ordenó un rastreo de las llamadas que se recibieron en la zona de influencia del bar Faisán el día en que se produjo el chivatazo.

En un informe elaborado por la Guardia Civil se destapó la existencia de una llamada caliente realizada desde la sede del PSOE. Garzón se apresuró a elaborar un auto exculpatorio del que fuera responsable de seguridad del PSOE y de un comisario que, pese a estar destinado ya en unidades especiales de Madrid, se encontraba en San Sebastián participando en el despliegue sobre el entramado etarra. Garzón dejó a Elosua en libertad por su delicada salud.

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