Es decir, en el juzgado de Garzón se trata de averiguar la identidad del que aportó los documentos a EL MUNDO que demostraban que Joseba Elosua había recibido una delación por parte de dos policías en la que le advertían de que se iba a actuar contra él y contra los que estaban relacionados con él en la trama de extorsión de ETA.

Este periódico tuvo acceso, además, a las transcripciones de las conversaciones que Elosua mantuvo en su vehículo privado con su cuñado. En esas conversaciones Elosua le explicaba cómo se habían dirigido a él para informarle de la inminente operación policial.

En el marco de estas pesquisas, el número de teléfonos intervenidos a miembros de la Policía Nacional que, directa o indirectamente han tenido algo que ver con las pesquisas sobre la trama del impuesto revolucionario, ha sido importante, según explicaron a este periódico fuentes de la investigación.

Recientemente se ha conocido también una investigación llevada a cabo por la Ertzaintza para esclarecer otro soplo policial a un colaborador de ETA que iba a ser detenido.

En esa ocasión con autorización judicial, el Departamento de Interior del Gobierno vasco ordenó investigar las fuentes informativas de un periodista del diario El Correo. Los agentes intervinieron el listado de llamadas de este profesional de la información. La Policía Autonómica vasca trataba de averiguar el origen de una información publicada por ese diario en la que se denunciaba que un presunto colaborador de ETA había sido avisado de que iba a ser detenido por la Policía Autonómica tres días antes de la intervención policial.

En el caso del chivatazo a Elosua, más de una quincena de teléfonos de miembros de la Segurida del Estado han sido revisados con el visto bueno de la autoridad judicial ante la eventualidad de que hubieran facilitado información a la prensa.