Por eso, el PSOE acusa al PP de negarse a la reforma legal para proteger los fondos de FAES, la fundación que preside José María Aznar, y los populares aseguran que los socialistas se aseguran el respaldo parlamentario con financiación extraordinaria para sus socios en el Congreso.

En concreto, el PP vincula el acuerdo para sacar adelante la ley con la tramitación y aprobación de una proposición de ley que puede suponer cientos de millones de euros para Izquierda Unida, ERC, CiU y PNV, es decir, los partidos con los que el PSOE quiere sacar adelante la Ley de Financiación.

El pasado 27 de febrero se tomaron en consideración en el Pleno del Congreso tres proposiciones de ley de IU, ERC y CiU, con apoyo del PSOE, que, básicamente, reducen los requisitos y los trámites para que se indemnice a los partidos por el patrimonio que se les incautó durante la Guerra Civil y el franquismo. Esas proposiciones modifican la ley de 1998 por la que se resarcía a los partidos por esa incautación. Desde entonces hasta el 31 de diciembre de 2005 diferentes partidos han sido indemnizados por esos bienes por un total de 27.839.135 euros, pero hay otros cuya propiedad no pudo ser acreditada.

Ahora se trata de suprimir el requisito de afectación a la actividad política de los bienes, puesto que algunos partidos políticos pudieron acreditar que determinados bienes y derechos eran titularidad de personas jurídicas a ellos vinculadas, pero no así que dichos bienes estuviesen afectos a su actividad política.

Sostienen que los bienes y derechos de los partidos fueron incautados por la dictadura precisamente por haber estado afectados a la actividad política de los partidos.

El segundo requisito que se quiere modificar es el de que la restitución a los partidos políticos no se condicione a que la incautación de bienes y derechos se hubiera llevado a cabo mediante procedimiento administrativo, puesto que muchos de ellos se hicieron por la vía de hecho.

Se trata de que los bienes y derechos incautados por el procedimiento de ocupación sean igualmente objeto de restitución, bastando para ello la acreditación de su titularidad y el cambio de la misma sin título de transmisión alguno.

La tercera modificación, mucho más importante, es la de reducir los medios de prueba de esa propiedad. En concreto, que se pueda acreditar que los partidos poseían esos bienes en concepto de titular con cualquier medio de prueba de los admitidos en derecho, incluidos testimonios actuales y de la época que por su conocimiento directo o indirecto pudieran acreditar tales extremos, así como las presunciones sobre titularidad previstas en la legislación tributaria y de expropiación forzosa.

El PP se opone a estas proposiciones de ley porque suponen «permitir que se reconozca la titularidad de bienes inmuebles con pruebas tan genéricas y tan endebles que no sean las del título legal que acredita el derecho de propiedad o que justifica debidamente la legal adquisición de estos bienes», lo que «puede abrir la puerta al reconocimiento legal de un acto que fue, en su origen, absolutamente ilegal». Añaden que «se podría correr el riesgo de que el Estado se vea obligado hoy a reparar la incautación ilegal de un bien que ya había sido a su vez incautado ilegalmente y, en ocasiones, todo hay que decirlo, con muy funestos y terribles propósitos».

El 27 de febrero terminará el primer plazo de enmiendas. Antes del verano podría estar aprobado el dictamen en la Comisión para su debate en Pleno y, teóricamente, podría concluir su trámite en el Senado antes de final de año, casi al mismo tiempo que la Ley de Financiación de Partidos.