SEGOVIA. - La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado a una mujer por abandonar a su perra en una urbanización de Los Angeles de San Rafael, perteneciente al municipio segoviano de El Espinar, en lo que ha sido la primera resolución judicial que penaliza como falta el abandono de una mascota.
La sentencia, que estima el recurso presentado por la asociación protectora de animales El Refugio contra una sentencia anterior dictada por el Juzgado número 1 de Segovia, impone a la dueña una pena de 15 días de multa con una cuota de seis euros diarios como autora de una falta de abandono de animales domésticos.
Según explicó ayer en un comunicado de prensa la asociación El Refugio, los hechos que motivan la resolución judicial tuvieron lugar el 16 de febrero del pasado año cuando voluntarios de la asociación recogieron a Nena, una perra caniche de color negro de cuatro kilogramos de peso, con quemaduras en el 70% de su cuerpo.
La asociación presentó una denuncia contra la propietaria, ya que la perra estaba identificada con microchip, y el Juzgado de Instrucción número 1 de Segovia absolvió entonces a la denunciada.
En la sentencia emitida después, la Audiencia Provincial señala que la propietaria de la mascota, «con su conducta, puso de forma objetiva en peligro la vida del animal y que además lo supo cuando decidió desampararla», y recalca en otro de sus párrafos que «la obligación moral y legal de todo propietario de un animal es cuidar del mismo y darle la asistencia precisa para permitir su vida e integridad».
El presidente de la asociación El Refugio, Nacho Paunero, aseguró que esta sentencia «es un gran paso adelante en la protección animal, y aplaudimos cada párrafo de los siete folios redactados por la Audiencia Provincial de Segovia, porque nos sirve para continuar trabajando».
Paunero manifestó que la perra «está ya felizmente adoptada por una voluntaria de la asociación que la acogió en un primer momento y que ha decidido adoptarla de forma definitiva»; y recordó que la asociación El Refugio mantiene abiertos más de 70 procedimientos penales, civiles y administrativos en Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.
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