La guerra por el cuarto casino de Cataluña, el de Lloret de Mar, que el Govern adjudicó en octubre, está muy lejos de haber concluido. El grupo empresarial de la familia Suqué ha acudido a los tribunales para pedir la suspensión cautelar de las obras del adjudicatario, los inversores liderados por Juan Lao y la petición tiene visos de prosperar.
El Departament d'Interior otorgó la concesión administrativa al grupo Atzaria, liderado por el empresario Juan Lao, el pasado 5 de octubre, 10 días antes del inicio de la campaña para las autonómicas del 1 de noviembre.
El concurso se convocó casi de urgencia, el 21 de agosto de 2006, y las cosas se hicieron deprisa. Y mal, según entiende el grupo empresarial de la familia Suqué, que presentó un recurso ante la dirección general de Jocs i Espectacles.
Cuando el recurso fue rechazado, presentó un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Cataluña, el número 59/2007. Como medida cautelar, los Suqué y sus socios, el grupo Godó y Planeta, que según fuentes jurídicas, tiene muchos visos de prosperar.Si el TSJC paraliza las obras, Atzaria podría ver aplazado su proyecto, al menos, un año y medio.
Los tres casinos que existían en Cataluña hasta entonces, el de Peralada, el de Barcelona y el de Lloret de Mar, trasladado a Tarragona con la consiguiente alarma social en la localidad, pertenecen a la familia de Artur Suqué.
A pesar de que el tripartito, desde que alcanzó el poder, ha demostrado que no tiene intención de adjudicar negocio alguno a los Suqué por su vinculación con Jordi Pujol y su financiación de Convergència, el grupo Inverama-Casinos de Cataluña decidió presentarse al concurso por la adjudicación del cuarto casino.Su oferta competía, además de con la de Atzaria, con la de Cirsa, la multinacional de Manuel Lao, hermano mayor de Juan, y con la del grupo de casinos vascos asociados al casino de Mallorca.
El contencioso administrativo presentado por Inverama se fundamenta en tres aspectos: la desproporción en los criterios de valoración de las ofertas, según los cuales la experiencia y la localización sólo valía un punto; la ambigüedad de la valoración de los servicios que el proyecto aportaba a la ciudad, y, finalmente el futuro de los 22 trabajadores que el grupo Suqué aún mantiene en la localidad de la Costa Brava.
En realidad fue el propio grupo Inverama-Casinos de Cataluña quien abrió la crisis que permitió al tripartito, en especial el PSC, intentar modificar las condiciones del sector del juego en Cataluña. En 2005, los Suqué anunciaron su intención de explotar la licencia del casino de Lloret en Tarragona, en el hotel Imperial Tarraco. Aunque mantienen, de momento, unas instalaciones en Lloret que, en realidad, son sucursales del Casino de Peralada, la alarma cundió en el pueblo.
Los socialistas cambiaron de política -hasta entonces se habían mantenido alejados de los grandes empresarios del sector, los Suqué y Cirsa, a los que acusaban de connivencia con los ejecutivos de Jordi Pujol- y se decidieron a permitir la apertura de un cuarto casino en Cataluña, con el objetivo, entre otros, de romper el monopolio del grupo Inverama. La aparición de Juan Lao en el concurso centró todas las miradas porque resultaba evidente que era el mejor candidato para sentares a la mesa de un sector que, hasta entonces, sólo había estado en manos de dos jugadores.El resultado del concurso no hizo sino confirmar el runrún del sector.
Denuncias del personal y garantías de la empresa en la sala de Lloret
BARCELONA.- Parte de los 22 trabajadores de la sucursal del Casino de Peralada en Lloret de Mar están especialmente preocupados por su situación laboral presente y por el futuro de sus puestos de trabajo y han iniciado una cruzada para denunciar lo que, según su criterio, son irregularidades cometidas por Inverama en esas instalaciones.
Estos trabajadores aseguran que pertenecen a los servicios generales de lo que en su día fue el Casino de Lloret. Cuando el casino como tal fue trasladado a Tarragona, y la sala de Lloret quedó limitada a la zona de máquinas recreativas, cuatro mesas de black jack y una mesa de doble paño. Así que los trabajadores de los servicios complementarios siguen en las instalaciones, aunque sin una misión específica.
Para colmo, aclaran, la alegación de Inverama de que el concurso incumple la ley porque no regulaba cuál debía ser el futuro de los actuales trabajadores del centro es cierta. De manera que temen que Atzaria les absorba sin reconocerles la antigüedad ni los derechos adquiridos.
Parte de esos 22 trabajadores -fuentes de la plantilla aseguran que al menos un 51%- denunciaron, además ante la dirección general de Jocs i Espectacles de la Generalitat que las instalaciones de Lloret habían estado funcionando durante varios meses con la licencia caducada. Según esta versión, el anterior director general del ramo, Xavier Guitart, autorizó a la familia Suqué, cuatro meses y medio antes del traslado a Tarragona, a mantener la sucursal de Lloret siempre y cuando el alcalde de la localidad les otorgara la correspondiente licencia municipal.
La licencia municipal tenía una cláusula que establecía que quedaría inmediatamente cancelara en cuanto se resolviera el concurso para la construcción y explotación del nuevo casino. Y eso fue el 4 de octubre del año pasado.
La respuesta de Interior fue que la nueva directora general, Montserrat Claramunt, con fecha 8 de febrero se inició un expediente de renovación de la licencia, que está pendiente de renovación.
Por su parte, fuentes de la empresa minimizan el conflicto laboral con la plantilla de Lloret y aseguran que el futuro laboral de los 22 trabajadores de la sucursal de Perelada está garantizado.Las citadas fuentes aseguran que los trabajadores de la sala especial podrán elegir entre permanecer en Lloret una vez resuelto el contencioso administrativo, o ser recolocados en alguna de las diferentes instalaciones del grupo. En el segundo caso, asegura Inverama, se respetará su antigüedad y sus derechos adquiridos.
