En el juicio, que empezó ayer en la Audiencia de Barcelona, el fiscal también reclama a Damm que indemnice a una de las empresas procesadas en el caso con un millón de euros por los daños personales y materiales que provocaron en 1995 unas emisiones de ácidos de la planta cervecera en El Prat.

Además de Damm, las compañías -algunas de las cuales ya desaparecidas- que se sientan en el banquillo de los acusados son Courtaulds España SA, Pechiney Celograf SA y Vallés Hermanos (Vanosa), a las que se imputa un delito contra la salud pública por verter aguas residuales industriales a acequias pluviales sin depuración ni tratamiento alguno.

Junto a los siete directivos de estas compañías, también está acusado el que fue entre 1992 y 1996 gerente de la Junta de Sanejament de la Generalitat, Antoni Garcia Coma, al estimar la Fiscalía que no adoptó medidas contra estas empresas y no informó a la Justicia de los vertidos.

Los primeros en declarar fueron el entonces director general de Courtaulds España, Jaume Valls, y el director técnico de la firma, Fernando Senar, quienes aseguraron haber dispuesto siempre de los correspondientes permisos para verter aguas a la acequia del río Llobregat.

Por parte de Damm, comparecieron el director general de la cervecera, Enric Crous, y su director gerente, Martin Hermann, que también dijo contar con las autorizaciones medioambientales pertinentes aunque subrayó que, en cualquier caso, estas aguas residuales no tenían un efecto nocivo porque la cerveza es un producto «muy natural».

No comparte esta opinión la Fiscalía de Medio Ambiente, que considera que «el carácter ilícito de los vertidos de la empresa Damm, la ausencia de sistemas de depuración y tratamiento de los mismos hasta febrero de 1994, la elevada carga contaminante de sus vertidos y el lugar absolutamente inadecuado donde se realizaban, eran circunstancias perfectamente conocidas y toleradas por Antoni Garcia Coma».

Por este hecho, y por omisiones detectadas con las otras empresas enjuiciadas, la Fiscalía pide un año de prisión y una multa de 45.000 euros para García Coma, como «cooperador necesario» por los delitos contra la salud pública. El resto de acusados se enfrentan a penas de entre cuatro meses y un año de prisión y unas multas de entre 30.000 y 45.000 euros, informa Europa Press.

En el caso entre Damm y Pechiney, plantas vecinas en El Prat, el fiscal apunta que entre junio de 1995 y julio de 1996 la empresa de envases y embalajes sufrió daños personales y materiales valorados en un millón de euros, al recibir «fortísimas» emisiones de ácido sulfhídrico de una balsa de recogida de aguas residuales de la cervecera. En concreto, varios trabajadores de la planta de Pechiney tuvieron que coger la baja por dolores de cabeza, irritaciones oculares, trastornos digestivos, cefaleas e irritación de las vías respiratorias.