El estreno de la asesoría en el negocio de alquiler de pisos no pudo ser más desastroso. El único que arrendaron fue el de la calle de Carmen Martín Gaite de Leganés en el que acabó suicidándose la célula terrorista. Así lo explicó ayer uno de sus empleados, que declaró como testigo ante el tribunal, que añadió que no habían llegado a hacer ninguna publicidad de que el piso estaba disponible.
Según dijo, ellos no se dedicaban al alquiler, pero el propietario era cliente de la asesoría y les pidió que le hiciesen esa gestión.
El testigo también fue interrogado por la hora en la que la Policía le pidió datos sobre el piso. Su respuesta encajó con la versión mantenida por la Fiscalía en su escrito de acusación. No fue hasta las 13.00 horas del mismo día 3 de abril, el mismo del suicidio colectivo. Tras un segundo contacto, ya desde el despacho, le dio la dirección exacta.
Un intermediario
La Policía llegó hasta la asesoría porque había recibido una llamada desde uno de los números de teléfono atribuidos a la célula. Según se desprende de la investigación, el contrato de alquiler lo firmó uno de los huidos de la célula, Mohamed Belhadj, que llegó a la gestoría acompañado de un intermediario que no ha sido acusado.
También compareció ayer ante el tribunal el director de Seguridad de Amena, José Domingo Río. A preguntas del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, relató la secuencia de actuación en torno a la tarjeta intervenida en la mochila de Vallecas.
La Policía le llamó por primera vez en torno a las 10.30 o 10.45 horas del 12 de marzo y le dieron el número de la tarjeta a la que debía seguir el rastro. Poco antes de las 14.00 horas ya pudo informar a la Comisaría General de Información de que había sido vendida a Shindu Entreprise, cuyos propietarios recibieron la visita de incógnito de la Policía esa misma tarde. Un par de horas más tarde, casi a las 17.00 horas -según se desprende del sumario- el juez emite el mandato judicial para localizar esa tarjeta.
Hacia las 21.00 horas, los técnicos le informaron de que habían encontrado un rastro de la tarjeta en la antena instalada en la localidad de Morata de Tajuña. La tarjeta constaba como expedida, es decir, sólo se había introducido el pin, sin realizar llamadas. Ese tipo de información, explicó el testigo, sólo sobrevive 72 horas.
El testigo afirmó que decidió en ese momento retener todos los datos correspondientes a esa antena, por si otras tarjetas también se habían activado allí, lo que sucedió con otra media docena de tarjetas.
El fiscal jefe defendió en una de sus preguntas-explicación que su decisión de retener los datos de la antena de Morata era perfectamente legal: «Es decir, que se trata de una medida preventiva que usted toma en el marco de las funciones que tiene legalmente atribuidas». El testigo lo ratificó y añadió que era habitual tras un atentado retener los datos telefónicos de la zona afectada.
Pese a la facilidad con la que decidió retener datos de Morata, el jefe de Seguridad añadió que el día 13 pidió a las Fuerzas de Seguridad que le consiguieran un mandamiento judicial para el resto de tarjetas vendidas junto a la de la mochila desactivada en Vallecas. Según explicó, si se habían activado el día 10, la víspera de los atentados, su rastro se perdería al final de ese mismo día 13 si no habían efectuado llamadas.
Eso fue lo que pudo suceder con media docena de tarjetas supuestamente empleadas por la célula de las que nada se supo. También cabría la posibilidad, explicó, de que simplemente, se hubieran activado bajo otro repetidos de telefonía -por ejemplo, Leganés- y que no llegaran a tiempo para estudiarlo.
