La Fiscalía calificó de «hecho sin precedentes en la historial judicial» que la Sala declarara que la conducta del dirigente abertzale podría ser constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo, pero que no podía emitir un fallo condenatorio al haber retirado el fiscal la acusación.

Para la Fiscalía, esa conducta del Tribunal «demuestra su evidente falta de imparcialidad». Añadía que «todas las críticas» que está recibiendo el Ministerio Público por haber retirado la acusación contra Otegi «son en clave política».

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional abordó ayer este asunto a propuesta de Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal. El acuerdo adoptado, edulcorado por el presidente de la Audiencia, Carlos Dívar, fue apoyado por unanimidad y es un híbrido en el que la Sala de Gobierno expresa su «reconocimiento a todos los jueces y magistrados por el desempeño de su trabajo con plena competencia profesional e integridad moral» y, al mismo tiempo, manifiesta que los jueces cuentan «con la inestimable colaboración del Ministerio Fiscal».

Por su parte, los vocales Carlos Ríos, Enrique López, José Luis Requero y Javier Laorden, propuestos por el PP, han presentado un escrito para que el Pleno del CGPJ de mañana se pronuncie sobre el enfrentamiento entre la Fiscalía y el Tribunal del caso Otegi.

El escrito se refiere a la «gravedad de las valoraciones e imputaciones vertidas» contra la Sección Penal Cuarta por parte de la Fiscalía, y destaca que esas imputaciones son «absolutamente incompatibles con el principio de defensa de la independencia de los tribunales» que corresponde al Ministerio Público. Los vocales indican que, «en defensa de la imagen de imparcialidad e independencia de los órganos judiciales», el Pleno del Consejo debe debatir el escrito de la Fiscalía y votar «el acuerdo que se estime pertinente».

De otro lado, la AVT tiene previsto presentar hoy en el Supremo una querella contra el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el fiscal que actuó en el juicio contra Otegi, Fernando Burgos, por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación administrativa.

La querella sostiene que «dentro de la actual situación política» de «negociación» del Gobierno con ETA, los querellados organizaron una «estrategia» para «evitar que se celebrara el juicio» contra Otegi, y afirma que la decisión de retirar la acusación «se encontraba ya tomada antes de la vista».