Conde-Pumpido reclamó en la cadena Ser que se respeten las actuaciones del Ministerio Fiscal y criticó que, cada vez que se toma una decisión «que no es la que quiere la oposición, inmediatamente se le presiona con la amenaza de acusarle de estarse sometiendo al Gobierno, se descalifica a todos los profesionales que están trabajando con imparcialidad y se llega a pedir mi dimisión 27 veces, a llevar un tema jurídico al Parlamento o a sacar a los falangistas a la calle para que se manifiesten frente a la Fiscalía General».

Defendió que «no tiene sentido» que el Ministerio Público «insista» en una acusación «que ya ha fracasado en varias ocasiones» y pidió que se sea «muy cuidadoso» para «respetar el límite entre política, por muy execrable que sea, y un hecho delictivo».

Conde-Pumpido dijo que «ha habido una extralimitación» de la Sala que juzgó a Arnaldo Otegi, motivo por el que el tribunal y la Fiscalía han entrado en conflicto, informa Europa Press.

El ministro de Justicia tampoco se ahorró criticar a la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional. En su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, Mariano Fernández Bermejo dijo que «los tribunales necesitan sosiego» y pidió al PP que «piense en el daño que hace de deslegitimación de los tribunales cada vez que salen a la calle».

Pero a continuación, el propio ministro sostuvo que la Sala que ha juzgado a Otegi «se ha explayado en opiniones que nadie le pedía y que la ley le impedía hacer», lo que explicó diciendo que los tribunales «que se sienten muy presionados sin darse cuenta entran en terrenos que no son los de la ley».

«Eso es lo que yo intento evitar cada vez que hago llamamientos al sosiego», añadió Fernández Bermejo, que dijo que no puede «tolerar» que «se diga que el presidente del tribunal [de Otegi] es aquel que iba por los despachos de los funcionarios recogiendo firmas contra el Estatuto de Cataluña».

El ministro defendió la decisión de retirar la acusación contra Otegi. La Fiscalía ha sido «coherente», afirmó, ante un «tema dudoso», que comenzó con una querella ordenada por el anterior fiscal general, Jesús Cardenal, inicialmente archivada por la juez instructora.

La interpretación del portavoz del PP, Agustín Conde, fue radicalmente distinta. Tras recordar la rebaja de pena a José Ignacio de Juana Chaos y su posterior excarcelación, los pactos de la Fiscalía con acusados por kale borroka, la negativa a actuar contra el PCTV, el apoyo al recurso del etarra Henri Parot, la inhibición de la Fiscalía en la investigación de un chivatazo que precipitó la detención de implicados en una red de extorsión de ETA o la retirada de la acusación contra Otegi, el senador popular afirmó que Fernández Bermejo «no ha venido a arreglar ningún problema de la Justicia» sino «a tumbar el último valladar que pudiera oponerse a los planes de este Gobierno en relación con la negociación con ETA, a intentar reconducir a esos jueces indomables y díscolos que tienen la obsesión de que la ley se cumpla».

Conde añadió que el Gobierno «está rindiendo el Estado de Derecho», «parapetándose detrás de la toga del fiscal general, que está paseando por el barro del interés político las togas de todos los fiscales».

El titular de Justicia le replicó expresando su «honda preocupación» por la estrategia de «darle fuerte al proceso de paz» adoptada por unos dirigentes del PP «que no han superado la frustración del 14 de marzo de 2004».

«Cuando hay un terreno abonado, la frustración toma cuerpo y acaba con las banderas preconstitucionales delante de la Fiscalía General», agregó.