La espectacular batalla por el poder en la primera eléctrica de España continúa. El presidente de Endesa, Manuel Pizarro, limitará los derechos políticos del grupo italiano Enel y los de la española Acciona a un 10% conjunto en respuesta a su acción concertada para hacerse con la empresa.
Ambas empresas suman el 46% del capital con una inversión conjunta de 18.000 millones de euros, hasta ahora, pero sólo pesarán en las próximas juntas de accionistas como un inversor que tuviera un 10% de las acciones por valor de 4.100 millones.
Fuentes oficiales de la eléctrica declinaron hacer comentarios al respecto y se remitieron a los estatutos de la sociedad. Éstos prevén que ningún accionista pueda ostentar derechos políticos superiores al 10% aunque posea mucho más capital. Por tanto, la situación a partir de la próxima semana, cuando concluya la OPA de E.ON, puede ser de dos bloques.
En el primero, el grupo alemán espera llegar a, al menos, un 25% del capital tras haber elevado su oferta a 40 euros y teniendo en cuenta que no tiene rival antes de seis meses, según la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por tanto, a efectos políticos en Endesa tendría, de momento, un 10%.
Aliado a E.ON está Caja Madrid, tras el acuerdo alcanzado entre ambas entidades. La caja mantendrá su 10% actual durante dos años y tendrá otro tanto en derechos políticos.
Caja Madrid ha asegurado que va a colaborar con E.ON, pero no tiene un proyecto común futuro para Endesa. Por tanto, si Pizarro no considera a ambos concertados, sumarán un 20% de derechos políticos. Enfrente estarían Acciona y Enel con sólo un 10%. Es decir, en desventaja para el largo pulso que se avecina. Además, E.ON y Caja Madrid podrán estar con cuatro miembros, al menos, entre los dos, en el consejo de administración de Endesa, mientras que, en aplicación de los estatutos de la eléctrica ni Acciona ni Enel podrían entrar. Ambos son competidores de Endesa en España e Italia.
Así que Acciona y Enel se encuentran en desventaja a corto plazo, pese a contar con casi el 50%. En realidad, lo acarician ya, puesto que el Gobierno ha decidido que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) no venda su 3% en Endesa a E.ON. Si lo hiciera, obtendría 800 millones de euros de plusvalías, pero, según ha podido saber este diario, la decisión gubernamental es que la Sepi no está para obtener dinero, sino para ayudar a preservar los intereses del país. Y el Gobierno no tiene duda de que la opción es ayudar a Acciona ha preservar Endesa como una empresa autónoma con sede en Madrid.
El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, afirmó ayer que la Sepi hará pública su decisión en el último momento, pero la decisión está ya tomada. El Gobierno ve aún perspectivas para el pacto Acciona-Enel, puesto que ve difícil que un bloque con casi la mayoría del capital pueda perder la batalla. Pero en el Ejecutivo admiten el contratiempo que ha supuesto que la CNMV les impida lanzar una OPA competidora antes de seis meses. «Retrasar tanto el desenlace es malo para Endesa y para España», coincidieron ayer al menos dos miembros del Gobierno. El presidente de la CNMV, Manuel Conthe, no ha sintonizado con Moncloa en su decisión y, por eso, ya el pasado viernes, hubo división en su consejo. Un portavoz oficial de la CNMV admitió la división el pasado día 23 y lo ratificó el organismo en un comunicado el 26.
El acuerdo entre E.ON y Caja Madrid ha provocado también malestar en el Gobierno socialista, según las opiniones recabadas ayer.
