Con la subasta de Yukos comienza de hecho la renacionalización de la más boyante petrolera privada de la Rusia poscomunista, que Moscú contempla como parte esencial de su plan para recuperar el control de los sectores energéticos clave (privatizados de forma caótica en los años 90) a través de sus monopolios.

Controlada en un 75% por el Estado, Rosneft pagó realmente por un pedazo de sus acciones que estaban en poder de Yukos, abocada a la bancarrota por sus acreedores.

La puja de Rosneft de 5.734 millones de euros (84 millones de euros por encima del precio de salida), no fue superada por la ruso-británica TNK-BP, cuya comparecencia es interpretada por los medios locales como un guiño al Kremlin para validar la subasta (se necesitan dos postores) y afianzar así su negocio en Rusia.

El desmantelamiento de Yukos fue justificado por sus acreedores para poder pagar sus deudas (estimadas en más de 20.700 millones de euros). La petrolera fundada por el ahora encarcelado Mijail Jordorkovski (que acusa al Kremlin de robarle su petrolera impunemente para castigar así sus ambiciones políticas) seguirá su proceso de reparto el próximo 4 de abril. Ese día se subastará una parte del 20% de las acciones que Yukos posee en Gazprom Neft, la filial petrolera del gigante gasístico de Rusia. La subasta se prolongará hasta agosto.