En principio, el Gobierno se inclina por rechazarlo por incluir elementos «burdos» de continuidad con Batasuna, según fuentes del Ejecutivo, aunque aprecia gestos en sus estatutos al aceptar la vía política. No obstante, consultará primero al fiscal y a la Abogacía del Estado. Por eso, la nota emitida ayer por Interior remite al fiscal en cumplimiento del artículo 5 de la Ley de Partidos, que prevé ese trámite cuando «se deduzcan indicios racionales de ilicitud».

Fuentes del Gobierno admitían ayer que la primera lectura del movimiento de Batasuna indica que sus dirigentes han querido poner a prueba al Ejecutivo y facilitar su posición victimista, de sacar pecho y dar impresión de fortaleza, al forzar conscientemente un rechazo.

Para ello, esta formación ha inscrito un nuevo partido encabezado por una dirigente de Batasuna muy significada -fue procesada por el juez Garzón-, además de mantener en su nombre la palabra Batasuna. Según el Gobierno es una actuación casi «grosera», que empaña los gestos de los estatutos.

El artículo 9.f de la ley incluye como causa de ilegalización «colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúen de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta o que amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas». El artículo 3 no permite la inscripción de partidos cuya denominación «coincida, se asemeje o identifique fonéticamente con otro declarado ilegal, disuelto o suspendido por decisión judicial». Estos argumentos se reforzarán el día 31 con el acto de presentación en Bilbao de este nuevo partido, en el que estará la cúpula de Batasuna. El Ejecutivo daba por hecho que la izquierda abertzale iba a dar ese paso para facilitar su victimismo entre sus bases. Es decir, que su movimiento iba a ser tan burdo que forzaría al Gobierno a instar a su ilegalización y así poder justificar ese papel de víctima y, en el peor de los casos, de ruptura del proceso de paz.

Sus dirigentes tratarían así de mantener agrupada y movilizada a su base social, frente a lo que ellos ven como represión del Estado, tras haber comprobado que una parte de su eventual electorado está molesta o desencantada por la decisión de ETA de romper el proceso de paz en la T-4 de Barajas.

Esas fuentes del Gobierno aseguran también que al paso dado ayer, previsiblemente le seguirá la presentación de agrupaciones electorales, mucho más difíciles de perseguir o de ilegalizar.

En los últimos meses, después del atentado de Barajas, el propio presidente del Gobierno ha asegurado tajante que se cumpliría la Ley de Partidos si Batasuna pretendía presentar una lista a las municipales y forales. Fuentes del Ejecutivo explican que si ETA no hubiera roto el alto el fuego el 30 de diciembre, hubiera sido posible aceptar una lista o partido que hablara de la «vía política», sin violencia, aunque no condenara expresamente el terrorismo.

Ahora, aprecia un nuevo movimiento positivo, pro cree que el listón debe estar más alto y da por hecho la reacción negativa de ETA en los próximos meses. Por eso Interior asegura que esos estatutos no tapan los otros indicios de continuidad de la formación ilegalizada.