La peor parada, la Comunidad Valenciana, donde la delegación parlamentaria encontró «la mayor arrogancia y la menor explicación sobre los proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras hermosas y frágiles. Es en esta región de donde se recibe el mayor número de peticiones que describen los desproporcionados sueños urbanísticos de los constructores, que son tantos como las pesadillas que sufren los locales que, como ciudadanos y residentes de la Unión Europea, merecerían mucho más».

En esta comunidad, según el informe, «de sus 540 municipios entre un 15% y un 20%, concentradas esencialmente en la costa, han experimentado serios problemas de urbanización extensiva, muchos de los cuales han incluido denuncias de corrupción en los últimos años». En Madrid y Andalucía, aunque las cosas no están mejor, las autoridades al menos se mostraron más cooperadoras y amables.

En resumen, el informe cuyo debate se aplazó hasta abril por problemas de traducción, denuncia la existencia de un número considerable de casos documentados que revelan «planes urbanísticos que no emanan de necesidades reales de crecimiento poblacional y turístico, sino por su avaricia y codicia».

Por ello, reclaman una intervención de la Comisión Europea ante la posible infracción de la ley comunitaria, piden a los gobiernos regionales que reconozcan los legítimos derechos de los ciudadanos y exigen garantías legales contra las prácticas encubiertas de ciertos urbanizadores, así como el establecimiento de tribunales administrativos especiales que permitan la participación de los defensores del pueblo locales.