«La investigación se refiere al supuesto soborno de funcionarios europeos, la formación de una organización criminal, la violación del secreto profesional, la transgresión de las leyes de licitaciones públicas y la falsificación», dijo, en un comunicado, la oficina de la fiscal belga Berta Bernando-Mendez, quien empezó la investigación hace tres años y ordenó ayer las operaciones en Bélgica, Luxemburgo, Francia e Italia.

La indagación afecta también a empresas inmobiliarias, aseguradoras y bancos. La Fiscalía belga sospecha que los funcionarios aceptaron dinero a cambio de atractivos contratos de seguridad o renovación de las sedes de la Comisión u otros edificios comunitarios.

«Funcionarios de la Comisión y directores de compañías que ganaron contratos son sospechosos de estar implicados en un fraude», aseguró la Fiscalía belga, que prevé anunciar esta mañana sus cargos. Aunque los nombres de las empresas implicadas no son públicos, al menos una entidad bancaria en Luxemburgo ha sido inspeccionada.

En los últimos años, la expansión de los euroburócratas ha sido un lucrativo negocio para los encargados de las obras. Sólo en Bruselas, la UE acaba de inaugurar dos rascacielos y está ahora mismo derribando una enorme manzana en la plaza de Schuman, el núcleo de las instituciones europeas, para construir un nuevo edificio.

Además, el Berlaymont, el cuartel general de la Comisión, se renovó por la presencia de amianto en su estructura y fue reinaugurado hace tres años. Pero las primeras informaciones indican que los casos podrían referirse a sedes fuera de Bruselas.

Ayer por la mañana, los agentes belgas registraron despachos del Berlaymont, y, por la tarde, seguían interrogando a varios sospechosos. Además, también fue inspeccionada la oficina de un ayudante del Parlamento, así como las representaciones de la Comisión en Francia e Italia. Los policías belgas, los agentes de la guardia financiera francesa y los carabinieri italianos se han incautado de numerosos archivos y documentación.

La Comisión confirmó la operación, en la que colabora la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, aunque se negó a dar detalles y recalcó que «no es el momento de comentar». El portavoz comunitario Johannes Laitenberger recordó que «hasta que termine la investigación, rige la presunción de inocencia».