El Gobierno pidió ayer a la Fiscalía que investigue la nueva formación Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) «para comprobar si se ajusta a la Ley de Partidos». Todo en este nuevo partido lleva a sospechar que es otra vez la ilegalizada Batasuna, desde su mismo nombre a las personas que lo han inscrito: Marije Fullaondo, que fue cabeza de lista a las europeas de 2004 por la ilegalizada Herritarren Zerrenda (HZ) y es ahora la responsable de Educación en la Mesa Nacional de Batasuna, y Joana Regeiro, encargada de la política feminista de la organización ilegalizada.
Sin embargo, en paralelo con esta burda semejanza con Batasuna, sus dirigentes han querido lanzar dos señuelos para su posible aceptación. En primer lugar, indican expresamente en sus Estatutos que acatan el artículo 6 de la Constitución y la Ley de Partidos, aunque tal especificación sea innecesaria. Y en segundo lugar, y esto desde luego es una novedad, se dice que ASB apuesta «exclusivamente por las vías políticas y democráticas».
Ambas cuestiones no van mucho más allá de la retórica. En primer lugar, porque es evidente que esta nueva formación vulnera varios artículos de la Ley de Partidos a la que dice someterse. Sirva como el caso más flagrante, aunque hay otros, que el artículo 3 de dicha ley no permite la inscripción de partidos cuya denominación «coincida, se asemeje o identifique fonéticamente con otro declarado ilegal, disuelto o suspendido por decisión judicial».
Respecto a la mención de utilizar sólo «vías democráticas», el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto, indicando que cuando existen indicios sólidos de conexión con un partido ilegalizado -como ya hemos visto que es el caso de ASB- se ha de hacer un rechazo expreso del terrorismo y la violencia.
Así pues, la celeridad con la que el Gobierno ha pedido a la Fiscalía que actúe no merece sino el elogio. Ahora bien, dado que Batasuna ni siquiera se ha molestado en disfrazar a su enésimo sosias, es evidente que nos encontramos ante una especie de espantapájaros de los abertzales que atraiga la atención y sirva de cebo para que se prohíba de inmediato su presentación a las elecciones.
Por un lado, eso les permitirá su habitual propaganda victimista frente al Estado español. Pero por otro, y es lo más preocupante, les puede servir para actuar después de forma más subrepticia a través de centenares de agrupaciones o plataformas inscritas en cada municipio. Es, con ligeros matices, lo que ocurrió en las pasadas elecciones autonómicas vascas, cuando la prohibición de Aukera Guztiak fue seguida de la participación electoral del PCTV.
Es de esperar que el Gobierno ya haya dado órdenes a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado para que investiguen este posible coladero de Batasuna y, cuando tenga oportunidad, actúe con el mismo celo que está demostrando ahora. Sería lamentable que ASB acabara siendo no sólo el señuelo de Batasuna, sino también la coartada de Zapatero para demostrar su disposición a aplicar la Ley de Partidos y luego olvidarse de ella.
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