Durante la inspección del Banco de España que condujo a su intervención el 30 de julio de 2003, y la de las mutuas que controlaban el capital de la entidad -Norton Life, Personal Life y Caja Eurohipotecaria-, administradores y directivos del banco lograron hipotecas sobre 15 inmuebles propiedad de sociedades controladas por ellos.

Así consta en la documentación que obra en la causa que sigue contra ellos el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón por apropiación indebida y por la mayoría de las modalidades de delito societario que figuran en el Código Penal.

La acusación particular, ejercida por la Asociación de Socios y/o Accionistas perjudicados por la Administración de Eurobank presentó un escrito el pasado 6 de marzo en el juzgado en el que denunciaba que los antiguos administradores de Eurobank seguían beneficiándose de la financiación de las mutuas del grupo.

El escrito iba acompañado de las inscripciones registrales -tanto del Registro Mercantil como del de la propiedad- que acreditan que una serie de sociedades vinculadas al último presidente del banco, Eduardo Pascual, poseen la quincena de inmuebles hipotecados por Norton Life y Personal Life en fechas próximas al 30 de julio de 2003, la fecha de la intervención del banco y de las mutuas.

El nivel de detalle de la información aportada por la acusación hace difícil dudar de un hecho evidente: en las semanas previas a la intervención, las mutuas de Eurobank concedieron 15 créditos hipotecarios a varias sociedades mercantiles que han resultado ser propiedad o estar controladas por los últimos administradores del banco.

Recientemente, la Generalitat ha levantado la intervención de Norton y Personal Life y ha autorizado su fusión en una nueva entidad denominada Fortia Vida. La tercera mutua intervenida, Caja Eurohipotecaria, será liquidada. Sin embargo, en ningún momento removió a los administradores de las mutuas, de manera que durante la intervención, y en la actualidad, están presididas por Maria Vaqué, mano derecha del ex presidente de Eurobank e imputada en la causa que instruye Garzón.

Fuentes del Departament d'Economia i Finances, que dirige Antoni Castells, aseguró a preguntas de EL MUNDO que la Generalitat no habría levantado la intervención de las mutuas ni autorizado la fusión de Norton y Personal Life si los créditos hipotecarios no se estuvieran devolviendo en los términos acordados. Sin embargo, finalmente, la Generalitat no ha aclarado a este rotativo las condiciones en las que fueron concedidas las hipotecas ni en qué condiciones.

La cuestión, sin embargo, es que la encargada de velar por la solvencia de los deudores de las mutuas es, al mismo tiempo, una persona muy próxima a los beneficiarios de esas hipotecas, cuyas condiciones no se conocen. Precisamente por eso, las acusaciones han solicitado que se aporte la documentación correspondiente a la causa, petición a la que el juez Garzón ha accedido.

Durante la declaración de ayer ante Garzón, uno de los abogados del Fondo de Garantía de Depósitos, Luis Zapata, se ratificó en el dictamen que había realizado junto a otros dos técnicos del fondo durante la intervención. El abogado aseguró que había apreciado conductas más que dudosas en la cesión durante la inspección de activos financieros de Eurobank a las mutuas, quizá con el objetivo de ocultarlos de los inspectores del Banco de España.Pero, en cualquier caso, apuntó a la posibilidad de que la de Eurobank fuera una insolvencia punible.

Los administradores y directivos de la entidad fueron acusados en un informe del Banco de España de haberse otorgado pagos injustificados por el banco. Como el secretario del consejo, Enric Segú, días antes de la intervención del Banco de España.

Las acusaciones han pedido, además de la documentación de las hipotecas, que sean imputados todos los que figuran en el informe del Banco de España. Garzón sólo ha accedido, de momento, a exigir la documentación.

La defensa, por su parte, ejercida por el abogado José Manuel Gómez Benítez, lejos de aportar la documentación, se ha limitado a presentar un escrito en el que no se opone a la imputación de todas las personalidades que solicitan las acusaciones. Pero se pregunta, por qué no se solicita la imputación de otros perceptores de pagos del banco. En esa pregunta hay una insinuación de posibles pagos políticos que deberá ser aclarada.

BARCELONA.- Dos de los 15 inmuebles propiedad de sociedades próximas al presidente y a los consejeros que llevaron a Eurobank a la suspensión de pagos, primero, y finalmente a la liquidación, se encuentran en el pasaje Premanyer de Barcelona, una exclusiva calle privada que va desde la calle Pau Claris a la Calle Llúria, entre Diputació y Consell de Cent. Sólo hay dos inmuebles propiedad de Perinver, precisamente la sociedad que preside Eduardo Pascual que, por cierto, está inhabilitado para ello. Pero, en cualquier caso, la mayoría de los edificios de esa calle están comunicados internamente entre sí.

Además el mismo grupo de sociedades posee inmuebles en la calle Pau Claris 115, justo frente a la entrada del pasaje, y en el 116, junto a la entrada.

La mayoría de los otros inmuebles están alrededor del pasaje Premanyer, con algunas notables excepciones, como un ático en una siniestra finca en la calle Provença, 292, y que es el domicilio de gran parte de las sociedades que poseen inmuebles hipotecados por las mutuas que, en su día, fueron accionistas mayoritarias de Eurobank.

Mutuas que, por cierto, son las primeras del 'ranking' en Cataluña por volumen de ingresos y las más pequeñas por número de socios (a penas cuentan con 500).

Zonas lujosas de Barcelona también acogen inmuebles afectados por la misma cuestión, como los áticos 1 y 2 del número 75 de la calle Alfonso XII.

Los edificios restantes, hasta un total de 15 están en Madrid, a excepción de tres: uno en la localidad barcelonesa de Vic, otro en Marbella, y otro en Alcobendas, también en la comunidad de Madrid.

En total, los riesgos contraidos por Fortia (todas las hipotecas habían sido concedidas por Norton o por Personal Life, las dos entidades cuya fusión ha permitido constituir la primera sociedad), suman más de nueve millones de euros, aunque, es cierto que cuentan con garantías hipotecarias que las avalan.

Eso sí, las condiciones de esas hipotecas siguen siendo un misterio incluso para el juez Garzón.