La justicia puede ser y es muy lenta, pero una vez con sentencia en mano, ya no se puede demorar más la ejecución de una resolución judicial. El Alto Tribunal Catalán así lo ve, y sensible ante los efectos perversos de esta lentitud en la ejecución de las sentencias, ha amonestado al alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, por la falta de cumplimiento de una resolución que le obliga a derribar la construcción del restaurante ubicado en el Fortí de la Reina y que tiene una licencia ilegal.
La dureza de la resolución, dictada por la sección segunda de la Sala contencioso administrativa del TSJC, lleva al tribunal a apercibir «personalmente» al alcalde de Tarragona «de que el no cumplimiento en sus exactos términos del anterior requerimiento comportará que le sea impuesta una multa de 1.500 euros que será reiterada cada 20 días hasta el total cumplimiento de lo requerido».
Abundando en la advertencia, el auto notificado ayer también anuncia al alcalde que en caso de incumplimiento se deducirá testimonio de particulares, esto es, se abrirá un procedimiento judicial, «para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder».
El auto del TSJC requiere al Ayuntamiento de Tarragona para que inicie en el plazo de 30 días las obras de demolición de lo construido en el Fortí de la Reina «al amparo de aquella licencia municipal anulada por esta Sala, y debiendo dar cuenta inmediata de tal comienzo y periódicamente, cada 15 días, del curso de tales obras hasta su completa finalización».
Antes, los magistrados que componen la Sala ponen de manifiesto que han trasncurrido ya «en exceso» todos los términos procesales, que se han agotado los recursos posibles, y en definitiva razonan que «la efectividad de la tutela judicial exige el inmediato y exacto cumplimiento de los pronunciamientos» que han recaído en este procedimiento judicial «para que sin dilación alguna se proceda a la inmediata ejecución».
Así, la Sala recuerda que la licencia de obras que el Ayuntamiento concedió a la empresa Fortín de la Reina para la instalación de un restaurante en el paseo martímo de Tarragona se remonta a febrero de 1989, y que fue anulada por la Sala y luego el Tribunal Supremo por considerarla ilegal.
Como que contra la resolución cabe recurso de súplica, el Ayuntamiento de Tarragona ya informó ayer que recurrirá.
El portavoz del equipo de gobierno que dirige CiU y PP, Joan Aregio, recordó ayer que la licencia de este restaurante «fue concedida por el gobierno socialista» e informó de que ya se ha encargado a los servicios jurídicos del consistorio la redacción del citado recurso, que se puede presentar en un plazo de cinco días.
Si finalmente se derriba el restaurante, se tendrá que indemnizar con una gran cantidad de dinero al propietario de la empresa, ya que cuando puso en marcha el restaurante disponía de todos los permisos necesarios, informa la agencia Efe.
