CAROL ALVAREZ
BARCELONA.-
Al conseller d'Agricultura, Joaquim Llena, le ha salido un frente judicial por la responsabilidad de sus actuaciones al frente de la alcaldía del Alt Aneu. La demanda, que ha sido presentada ante la sección tercera de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), pide a los tribunales que anulen la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento que instó el Consistorio y la posterior aprobación definitiva por parte de la comisión territorial de Urbanismo de Lleida, en 2005.
Por el momento, el TSJC ha efectuado entrega de la demanda a los abogados de la Generalitat para que preparen su contestación.
Según los demandantes, la modificación de los artículos 47 y 48 de las normas subsidiarias de planeamiento del Alt Aneu, que regularon el espacio libre privado del municipio de manera distinta a como venía estipulado en las normas de 1998, «no siguieron el procedimiento legalmente establecido». Además, la demanda atribuye al Consistorio, que en la fecha de los hechos estaba dirigido por el actual conseller d'Agricultura, «haber actuado con manifiesta desviación de poder».
Los demandantes remontan los hechos a febrero de 2004, cuando el Ayuntamiento del Alt Aneu suscribió un convenio urbanístico con una empresa promotora estableciendo, según aseguran, una dispensación de la normativa de planeamiento vigente para poder construir cuatro viviendas en la calle dels Corrals de Son, un núcleo agregado.
Ante esta decisión, los vecinos de la finca interpusieron ya dos recursos contenciosos, uno contra la concesión de la licencia, y otro para anular tal convenio, que contenía una nueva distribución del volumen de la edificabilidad contrario a las normas subsidiarias vigentes y que comporta una mayor ocupación del suelo -un 117%.
Tardó dos años en pronunciarse el TSJC, y anuló la licencia de obras, condenó al Ayuntamiento a establecer la legalidad vigente y a un tiempo anuló el controvertido convenio urbanístico que beneficiaba a la promotora inmobiliaria. Ante esta tesitura, explican los demandantes, el Ayuntamiento recurrió nuevamente, y mientras se resolvía su recurso, instó la modificación puntual de las normas para cambiar las condiciones de la edificación y la regulación del espacio libre privado. En mayo de 2005, la Comisión de Urbanisme de Lleida bendecía la iniciativa del Consistorio, y ambos han sido demandados ahora por esta decisión.
Para los demandantes, el cambio de normas subsidiarias «supone transformar una topología de pueblo jardín a pueblo compacto», y la única necesidad de cambio de las normas ha sido, «favorecer a una promotora que comercializa mucho mejor sus construcciones a base de ocupar más terrenos» en lo que califican de «urbanismo a la carta».
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