La Ley de Investigación Biomédica ya tiene la «luz verde» del Congreso de los Diputados. Y con ella, la clonación terapéutica ha entrado en la recta final para ser aprobada en España, una posibilidad para la investigación científica que genera los reparos éticos de los colectivos más conservadores y la euforia entre quienes creen que será la panacea para curar todos los males.
La nueva normativa pasó ayer el trámite parlamentario en la Comisión de Sanidad con los votos a favor de todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, y con la peculiaridad de que autoriza una técnica, la mencionada clonación terapéutica, que está condenada como delito en el artículo 160.2 del Código Penal, vigente desde 1995.
La presidenta de la Comisión, Margarita Uría (del PNV), recordaba ayer que en la reforma del Código Penal estaba previsto eliminar esa condena, que incluye prisión e inhabilitación profesional, pero como se ha aplazado hasta la próxima legislatura, explicó que habrá que «desgajar» ese punto de la ley y deberá votarse como si fuera una ley orgánica en su paso por el Senado.
La técnica en cuestión consiste en transferir el núcleo de una célula adulta de un paciente a un óvulo al que, previamente, se le ha extraído su núcleo. Con ello, se logra reprogramar su crecimiento celular con el objetivo de desarrollar células embrionarias que puedan crear órganos y tejidos que luego podrían ser trasplantados al mismo enfermo.
Debate internacional
La clonación terapéutica está permitida en Reino Unido, Suecia, Bélgica, Japón, Australia, Singapur, Israel, Corea del Sur y algunos estados de Estados Unidos. En la ONU, tras un largo debate, finalmente no se llegó a un consenso y la misma división se ha vivido en la UE, donde estas investigaciones no están financiadas.
La futura ley española prohíbe expresamente la clonación reproductiva de seres humanos y la creación de embriones para la investigación. Asimismo, establece que los proyectos relacionados con la utilización y obtención de células embrionarias humanas deberán ser evaluados por una Comisión de Garantías, adscrita al Instituto Carlos III. También darán su visto bueno los comités de ética de los centros de investigación.
En su paso por el Congreso, se ha logrado consensuar hasta un 60% de las 222 enmiendas al texto que se habían planteado. Estas modificaciones no han bastado para que contara con el apoyo del PP. Mario Mingo, de este partido, aseguraba ayer que la clonación terapéutica en humanos es «una gran falsedad» y pidió que se potencien otras investigaciones que puedan ser «productivas y eficaces», en referencia a los trabajos con células adultas. Su compañera Mercedes Roldós destacó también que algunas definiciones del texto «están obsoletas».
Por contra, el resto de los partidos se felicitaron de la aprobación de la ley. El socialista Alberto Fidalgo argumentó que «da respuesta a las expectativas tanto de los ciudadanos como de los profesionales en el desarrollo de la carrea investigadora, y les otorga seguridad y garantías».
No faltó tampoco el apoyo de la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, quien aseguró a Europa Press que tendrá «muchos beneficios potenciales» y que «no hay nada que temer». «Se trata de conseguir que los avances científicos estén a disposición de los ciudadanos en un marco de máximas garantías éticas y jurídicas», señaló en los pasillos del Congreso. Salgado espera que entre en vigor antes del verano.
Reacciones sociales
La reacciones sociales no se hicieron esperar y no fueron unánimes. La mayoría de los colectivos de enfermos aplaudieron la aprobación de la ley, al considerar que abre nuevas posibilidades terapéuticas. Así lo cree el presidente de la Federación Española de Diabéticos, Rafael Sánchez, quien confía en que la clonación terapéutica pueda ayudar a encontrar una solución a esta enfermedad. Sánchez incidió en que, si hay descubrimientos, no deben utilizarse para «enriquecerse».
También se mostraron satisfechos la Asociación Española de Esclerosis Múltiple y los familiares de enfermos de Alzheimer. «Posiblemente los que están en contra no tienen el problema en casa», argumentó su presidente, Emilio Marmaneu, quien añadió que «la moral no debe poner cortapisas a la investigación». Para la Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas, «lo ético es permitir que los investigadores y los médicos curen a un enfermo», en palabras de su presidente, José Antonio Herrada.
La otra cara de la moneda la ofreció el Foro Español de la Familia. Su vicepresidente declaró que «con esta ley, España pasa a ser uno de los países en que más desprotegida está la vida humana, al admitir prácticas que la mayoría de los países del entorno están penalizando». También la plataforma Hay Alternativas, formada por médicos, abogados y científicos, ha señalado que «se desprecia la dignidad del ser humano desde su etapa embrionaria». Esta opinión es la que ha mantenido, asimismo, la Iglesia Católica.
Una técnica apoyada por el Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, manifestó ayer que la nueva Ley de Biomedicina «en principio no parece que vaya contra los principios de la ética». Tras indicar que «todo desarrollo de las técnicas terapéuticas en relación a los temas en que converge la salud, es necesario», Múgica advirtió que «no se pueden poner más límites que los que establezcan la ética y el Derecho».
«No puede haber límites de la medicina más que aquéllos que resulten consensuados entre los ciudadanos en virtud de los imperativos éticos de una sociedad democrática plural», dijo, informa Europa Press. En cualquier caso, advirtió de que «si hay un supuesto que contradice los principios de la ética, habrá que sanearlo», ya que si bien «la ética no puede ser una dogmática que impida el progreso» tampoco el progreso «debe ser otra dogmática que impida los límites impuestos por la ética ciudadana».
