El marroquí H. B. S. precisamente ayer cumplió 18 años, pero, a pesar de su amplio historial delictivo, no se le podrá expulsar de España porque el Ministerio de Trabajo, que dirige Jesús Caldera, ya le ha concedido la tarjeta de residencia permanente, según pudo saber EL MUNDO.

Este caso viene a confirmar las denuncias realizadas por la Confederación Española de Policía (CEP), quien asegura que el Gobierno está concediendo y renovando los papeles a inmigrantes con antecedentes policiales. «Ésta es la política irresponsable del presidente Zapatero, que regulariza a delincuentes. Todo aquel extranjero que tiene antecedentes policiales puede conseguir los permisos. Además, con esta ley de papeles para todos tampoco les podemos expulsar», declaró ayer el portavoz del sindicato policial CEP, Rodrigo Gavilán.

La historia de este marroquí, nacido el 28 de marzo de 1989 en Tetuán, es especialmente sangrante porque ha tenido un dramático final. La Policía le ha identificado como el conductor del coche que embistió este lunes a un vehículo policial que le perseguía por Madrid y que provocó la muerte de César Casqueiro, un agente en prácticas de 29 años.

«Si a este menor le hubiésemos podido repatriar, el policía ahora estaría vivo. A día de hoy, aunque sea mayor de edad, no le podemos expulsar porque ya tiene la tarjeta permanente. Para renovar los permisos, el Gobierno está aplicando el silencio administrativo positivo y no se comprueban los datos informáticamente», se quejó Gavilán.

La persecución comenzó cuando cuatro agentes de paisano, que viajaban en un vehículo camuflado, detectaron las maniobras extrañas de un Seat Córdoba. Los funcionarios policiales comenzaron a seguir al coche sospechoso, que aceleró la marcha y se saltó varios semáforos.

Los agentes lograron colocarse a su altura, pero entonces los perseguidos giraron bruscamente y se abalanzaron sobre el vehículo policial. El coche giró sobre sí mismo y dio media vuelta de campana, por lo que Casqueiro sufrió un importante traumatismo torácico, que le causó la muerte.

Sin embargo, éste no es el único suceso en el que se ha visto implicado H. B. S., que tiene numerosos antecedentes policiales por robos de vehículos, robos con fuerza y fractura de escaparates. Además, está requerido por varias comisarías de Policía y, ahora, las Fuerzas de Seguridad le buscan por su presunta implicación en la muerte del agente.

Su elevado número de detenciones no le ha impedido convertirse en residente legal en España. Cuando los inmigrantes van a renovar sus papeles, se realiza un informe policial. En las observaciones, los agentes hacen constar los antecedentes que poseen los delincuentes.

Sin embargo, según denuncia la CEP, el Ministerio de Trabajo no tiene en cuenta si los inmigrantes poseen antecedentes policiales y, a pesar de todo, les concede los permisos. El Reglamento de la Ley de Extranjería permite esta posibilidad, ya que los papeles sólo se paralizan cuando existe una sentencia firme.

Por este motivo, la CEP exige una reforma urgente del Reglamento para que no se conceda ningún permiso de residencia a un extranjero antes de que se celebre el juicio. «Los abogados realizan maniobras dilatorias para retrasar los procesos judiciales. Cuando se celebra la vista oral, aunque el inmigrante sea condenado, si ha logrado la tarjeta permanente ya no le podemos expulsar», criticó Gavilán.