López Guerra encabeza una lista de tres aspirantes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que no figura el actual juez español, Javier Borrego. Este hecho ha causado «perplejidad» en Estrasburgo, donde Borrego, que sólo lleva cuatro años de mandato, goza de gran prestigio.

La lista, también integrada por una catedrática de Derecho Internacional y por un catedrático de Constitucional, ha sido elaborada por el Ministerio de Justicia, cuyo titular piensa someterla a un próximo Consejo de Ministros.

Es habitual que los nombramientos para un Tribunal como el de Estrasburgo sean fruto del acuerdo entre los partidos. Así sucedió con Borrego, elegido juez del TEDH en enero de 2003 por el 83 por 100 de los votos de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, tras obtener el aval del PP, del PSOE y de partidos minoritarios como CiU.

Su nombramiento se produjo después de que el entonces Gobierno del PP retirara una primera lista de aspirantes encabezada por Margarita Retuerto, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de los populares y cuya inclusión en la relación de candidatos fue muy criticada por el PSOE. El PP consultó el nombre de Borrego con Teresa Fernández de la Vega, en aquel momento secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, que dio el plácet. Fernández de la Vega conocía bien la especialización de Borrego en la jurisdicción de Estrasburgo porque ambos coincidieron en el Ministerio de Justicia en los años 90, ella como viceministra de Justicia y él como jefe de la Abogacía del Estado en el TEDH y agente de España ante esta Corte.

El perfil político de López Guerra es mucho más intenso que el que presentaba Retuerto. Catedrático de Derecho Constitucional, desde los años 80, López Guerra ha ido encadenando puestos públicos en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial, todos ellos a propuesta del PSOE, para acabar integrándose en las listas electorales socialistas. Fue número tres de la candidatura de Rafael Simancas en las elecciones autonómicas de Madrid en octubre de 2003. Consiguió el acta de diputado en la Asamblea de Madrid y de allí pasó al Ministerio de Justicia, donde fue secretario de Estado con López Aguilar.

La Corte de Estrasburgo tiene pendientes numerosos asuntos sensibles para el Gobierno socialista, como las demandas de Rafael Vera y del ex general Galindo contra sus respectivas condenas por su vinculación a los GAL. También está pendiente una demanda de Batasuna contra su ilegalización.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a la que corresponde la elección de los jueces del TEDH, acordó el pasado jueves aplazar la votación -que iba a producirse en junio- con el fin de dar tiempo a que Rusia firme el Protocolo 14, para lo que tiene de plazo hasta el 31 de julio.

Con el Protocolo 14 se pretende simplificar la tramitación de los procedimientos ante el TEDH, introduciendo, entre otras medidas, la posibilidad de que un juez único pueda acordar el rechazo de los asuntos claramente inadmisibles.

Además, el protocolo otorga a los magistrados un mandato de nueve años y prevé, mediante una disposición transitoria, la prórroga de los actuales jueces que no hayan llegado a ese tiempo, como es el caso de Borrego.

Podría darse, así, la insólita situación de que España prescinda, por primera vez, de un juez que no ha agotado su mandato y cuya competencia profesional es objeto de general reconocimiento en el TEDH.