Ayer se reunió por primera y única vez el grupo de diputados que debe elaborar un informe sobre esa proposición de ley. Tras ese encuentro, los diputados del PP Vicente Martínez Pujalte y Jaime Ignacio del Burgo explicaron en rueda de prensa que su grupo no va a respaldar ese informe porque el PSOE no acepta propuestas que ellos consideran imprescindibles.

El texto elaborado por el PSOE, que ha incluido medio centenar de propuestas de los demás grupos, propone subir un 20% en 2008 las subvenciones públicas a los partidos, no dice que los constructores y promotores inmobiliarios no podrán donar dinero -como pide el PP- y no limita la cantidad que las entidades de crédito pueden condonarles. Además, prevé que los particulares y las empresas podrán donar anónimamente 100.000 euros al año a los partidos.

Martínez Pujalte afirmó que los socialistas tienen prisa en aprobar esta ley porque quieren incrementar sus ingresos antes de «perder las próximas elecciones», y porque quizá tienen un compromiso con Batasuna para que esta formación abertzale reciba subvenciones.

Los argumentos del PSOE son radicalmente distintos. El diputado Francisco Fernández Marugán dijo ayer que en la posibilidad de llegar a un acuerdo «ha quedado fuera quien ha querido» y consideró que mezclar la política antiterrorista con esta futura ley es «una simplicidad, una astracanada o una obscenidad». «Lo que vaya a ser de ese mundo no depende de esta ley, sino de otra», dijo, en referencia a la que permitió ilegalizar Batasuna.

La diputada Isaura Navarro, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), opinó que el PP «se automargina» del consenso en este caso, y trata de batasunizar una ley tan importante como la que pretende que exista transparencia y un riguroso control en la financiación de los partidos.

Según el grupo que preside Gaspar Llamazares, los populares actúan de esta manera porque no quieren que se controlen las cuentas de las fundaciones, como la Faes, que preside José María Aznar.

Agustí Cerdá, portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se mostró «razonablemente satisfecho» por los acuerdos alcanzados.

Lamentó que el Partido Popular haya sido partidario siempre de lograr el consenso sobre esta ley pero, a última hora, «haya dado marcha atrás».