Carlos era Carlos Javier Pérez Párraga y la cárcel es el Centro Penitenciario Madrid IV. Era y es. Porque Carlos (29 años) murió el 25 de junio de 2001 tras recibir una dosis aprobada de 260 miligramos de metadona. La autopsia reveló que los niveles de metadona en su cuerpo eran «netamente letales».

Ahora, seis años después, la Justicia dice que hubo sobredosis, que la actitud de Carlos fue «determinante» en ese atracón de droga legal y que la cárcel no tomó medidas suficientes «para evitar que obtuviera metadona en el Centro Penitenciario». O sea, Carlos bebió demasiada metadona y la cárcel no lo impidió. O sea, culpas al 50%.

Esta historia nace el día de una muerte. Hacia las 14.00 horas del 25 de junio de 2001, Carlos llegó a la cabina de seguridad de la cárcel, presentó su DNI, esperó a que le prepararan la sustancia, bebió la dosis de metadona y habló para que el enfermero o la enfermera -a día de hoy no se sabe quién repartió las dosis aquel día- comprobara que había tragado la medicación.

Carlos volvió a su celda y, según su compañero, ambos se tumbaron a dormir la siesta. Pero de aquellos dos hombres dormitando metadonas, uno no volvería a despertar. «Oí un ronquido fuerte en la litera de abajo. Me asomé y, como vi que Carlos no respiraba, di puñetazos en la pared y piqué la puerta. Llamamos al timbre y los funcionarios tardaron 20 minutos en venir».

La Audiencia asegura que a las 16.10 horas, los funcionarios recibieron una alerta «en la primera planta del módulo 6» y acudieron a la celda 16 para asistir a Carlos. A las 16.30 horas le llevaron a la enfermería mientras le practicaban maniobras de resucitación. A las 16.55 horas llegó una UVI móvil. A las 17.05 horas murió.

La sentencia señala que los guardias fueron «en el menor tiempo posible» y trasladaron a Carlos «con la mayor celeridad que se podía, teniendo en cuenta la lejanía de la enfermería con la celda».

La Audiencia avala la decisión médica de unificar la dosis hasta los 260 miligramos. Pero habla de «sobredosis de metadona». Cita un informe del Instituto Nacional de Toxicología que dice que los niveles de metadona en sangre «son muy superiores a los que cabría esperar con las dosis y pauta de administración dadas al interno».

¿Por qué había en la sangre de Carlos más metadona de la pautada? ¿Fue un error de dosis o, como apuntó la Audiencia Provincial, la «evidencia» de que en las cárceles hay «comercio clandestino de estupefacientes, metadona incluida?».

La Audiencia Nacional dice que, precisamente por esas preguntas, la cárcel no hizo lo suficiente para evitar la sobredosis de Carlos.

Salud Trigueros es la abogada que ha ganado la causa administrativa en la Audiencia Nacional, la culpa que rascará el bolsillo del Estado. Sonia Villa es la que peleó sin éxito la penal en la Audiencia Provincial, la culpa que hubiera encarcelado a la cárcel. Y a ninguna de las dos le cuadran algunas cosas.

Por ejemplo, varios reclusos dijeron a Instituciones Penitenciarias que los funcionarios tardaron 20 minutos en llegar hasta Carlos, entre otras cosas porque el aviso «no se dio a las 16.10 horas, sino a las 15.00». Citan al funcionario J. L., que declaró que sus compañeros y él entendieron que la alarma venía de la celda 16 del módulo 5 y no del módulo 6, donde en verdad estaba Carlos. «Fueron al 5 y se equivocaron. Luego corrieron al 6», dicen.

Tampoco les encaja el tráfico de metadona. «En la cárcel se trafica, pero no con metadona. Es un líquido y necesita preparación y recipientes. No se encontró nada de eso en la celda de Carlos. Y él no tomó la metadona de otro recluso porque el consumo está muy vigilado, como dicen la Administración y la sentencia. La muerte sólo pudo producirse por un error a la hora de suministrar metadona».

Y la «ficha de seguimiento» del reparto de la metadona «aparece sin firma del ATS ni del médico». «No se ha podido acreditar quién suministró ese día la metadona».

Elena y Elena son la madre y la hermana de Carlos. Sin saberlo, esperaron «20 minutos» a que los funcionarios hallaran a su hijo y a su hermano. Después, «seis meses» a que les dieran una copia de la autopsia. Y ahora, «seis años» a cobrar dinero «en vez de justicia».