MARIA PERAL
MADRID.-
La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado la petición de penas contra tres de los cinco implicados en el caso del talón de Seat (también llamado caso del convoluto), al tiempo que ha retirado todas las acusaciones que pesaban sobre el ex director general de Seat Juan Antonio Alvarez y el arquitecto municipal Ignacio Aguirre.
En el escrito de conclusiones definitivas presentado ayer ante la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid, el fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol mantiene únicamente la acusación de cohecho contra los comisionistas del PSOE Aida Alvarez y Juan Carlos Mangana, y contra el técnico municipal Arturo García Barbeira. Para cada uno de los primeros pide dos años de prisión, mientras que para el tercero solicita cuatro años de cárcel. El Ministerio Público ha retirado para los tres imputados el cargo de falsedad documental.
Según el escrito definitivo de acusación, Aida Alvarez, Juan Carlos Mangana, Arturo García Barbeira y el ex embajador de Alemania en España Guido Brunner, ya fallecido, se pusieron de acuerdo para repartirse un cheque entregado por los directivos de Seat por valor de 150 millones de pesetas, más otros 25 millones en efectivo.
García Barbeira habría recibido 20 millones de pesetas a cambio de informar favorablemente sobre la concesión de unas licencias de obras en unos edificios que Seat poseía en el paseo de la Castellana, en Madrid.
El fiscal sostiene que el técnico municipal, «con la intención de obtener un beneficio de la operación», informó de los expedientes a Mangana -con quien le unía una estrecha relación- y éste, a Aida Alvarez.
Fue la conocida comisionista del PSOE la que se encargó de contactar con Brunner, «a quien expuso las dificultades que Seat tenía en el Ayuntamiento de Madrid para obtener las licencias y le propuso solucionar el problema mediante la entrega de 175 millones de pesetas, una parte de los cuales corresponderían al propio Guido Brunner».
«Una vez efectuado el pago», añade el fiscal, «Brunner informó a Aida Alvarez, ésta a Mangana y éste a García Barbeira, quien reactivó los expedientes de licencias, paralizados desde la fecha de su presentación», el 29 de febrero de 1988.
Para el fiscal, «no consta» que el director general de Seat, Juan Antonio Alvarez, conociera la operación delictiva. El arquitecto Ignacio Aguirre «firmó confiadamente» el informe que le puso delante Barbeira.
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