Los regantes, ese colectivo que -según el Ministerio de Medio Ambiente- se lleva en torno al 80% del agua, están bastante en contra de algunos aspectos de la reforma de la Ley de Aguas que prepara el Gobierno. Por eso, más de un centenar procedentes de toda España se reunió ayer en Junta General Extraordinaria para decidir si tendrán que sacar o no los tomates y las pancartas.

Será que sí si el Ministerio no cambia algunas cosas, como, por ejemplo, «la aplicación indiscriminada de una política de precios al agua que suponga una pérdida de competitividad». Los regantes no se oponen a que suban las tarifas, pero piden que se les explique bien cómo van a ser las nuevas tasas.

Dicen, además, que el borrador de la ley les «margina de la gestión del agua», porque les quita representación en los organismos oficiales al darle más peso a las comunidades autónomas. Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore): «La ley es un paso atrás en la participación de los usuarios. Pero no sólo nosotros, también se quedan fuera los ecologistas, los sindicatos...». También quieren agua garantizada para regar cada año sin depender de los avatares de la sequía.