De esta forma, la Policía Municipal de la capital se convierte en la primera de su rango en asumir estas competencias, aunque ya actuaba en investigaciones por delitos de circulación o en casos de siniestralidad laboral.

Ahora, las competencias se amplían a, por ejemplo, cuestiones sobre hurtos, lesiones que no requieran hospitalización, órdenes de alejamiento en violencia de género, delitos contra las relaciones familiares, quebrantamiento de condenas, alteraciones de documentos en materia de tráfico y seguridad vial y robos y hurtos de vehículos de motor. También actuarán en actos contra el patrimonio histórico municipal, de defraudaciones de fluido eléctrico, amenazas y coacciones, daños en el mobiliario urbano, violaciones de la Ley de Propiedad Intelectual y contra el medio ambiente, los consumidores y los usuarios.

Estas nuevas funciones obligarán al Ayuntamiento de Madrid a hacer obras en las unidades de atención de la Policía Municipal, pues exige la construcción de calabozos dentro de estos edificios.

Hasta ahora, cuando los agentes locales arrestaban a algún presunto delincuente en un caso de hurto, tenían que trasladarlo a una comisaría de Policía Nacional para que fueran ellos quienes lo pusieran a disposición judicial.

El protocolo busca «luchar con la máxima eficacia contra la delincuencia más frecuente» mientras que la Fiscalía pide «una respuesta ágil, rápida y eficaz» contra estos delitos, según la Comisión Provincial de Coordinación.