Tras el registro de decenas de oficinas y viviendas en Bélgica, Francia, Luxemburgo e Italia, la Fiscalía belga arrestó ayer de madrugada a tres italianos, un funcionario de la Comisión, un asistente de un eurodiputado y un empresario, acusados de violar la legislación de licitaciones públicas, aceptar sobornos y formar una red criminal, entre otros cargos. Según fuentes de la Fiscalía belga, aún continúa la investigación. «En Bélgica, hemos hecho 30 registros y hemos conseguido mucha documentación. No se pueden excluir más arrestos», comentó el portavoz del parqué belga, Jos Colpin. «Parece un gran caso de corrupción», dijo.

Según el relato de fuentes cercanas al sumario, Giancarlo Ciotti, un funcionario de 46 años de la unidad encargada de las delegaciones de la Comisión Europea fuera de la UE, con la colaboración de Sergio Tricarico, ayudante de 39 años de un parlamentario italiano, se saltaba las reglas de los concursos públicos para dar contratos de reforma, alquiler o instalación de medidas de seguridad a empresas que le pagaban sobornos. De momento, el negocio se refiere a las delegaciones de la Comisión en Tirana y en Nueva Delhi. El tercer detenido es uno de los beneficiarios, el agente inmobiliario Angelo Troiano, de 60 años y con residencia también en Bruselas.

Un empresario finlandés, que ya había pagado 345.000 euros -la mitad de lo que le pedían- para conseguir un contrato en la sede de Nueva Delhi y se quedó sin él, denunció la operación a la Oficina europea de Lucha Anti-Fraude (OLAF), que se lo pasó a la Fiscalía belga el 30 de junio de 2004 (cuando aún estaba la anterior Comisión, de Romano Prodi). La Fiscalía belga cree que la red podría haber funcionado durante 10 años y movido millones de euros con más implicados. «Ciotti ni siquiera era el jefe de su unidad», explica un oficial belga. Según fuentes de la investigación, la cifra del dinero en juego es de, al menos, 30 millones de euros, aunque no está clara la cantidad con la que se quedó el funcionario, que, gracias a sus negocios, remodeló varias veces gratis su casa.

Los tres acusados, en prisión preventiva en la cárcel bruselense de Forest desde la madrugada del miércoles, comparecerán mañana ante la juez de instrucción, Berta Bernardo-Mendez. Se espera que los acusados aporten más información sobre los bancos, empresas de seguridad e inmobiliarias que se beneficiaron de los contratos.

Los investigadores buscan ahora otros funcionarios de la Comisión y empresarios, sobre todo, en Italia. Tricarico trabaja para Gianni Rivera, histórico futbolista del Milan y diputado de centroizquierda, y lo hizo para Franco Marini, actual presidente del Senado italiano y ex parlamentario, pero ninguno de los dos está implicado en la trama. Rivera dijo ayer estar «sorprendido» por el arresto de su colaborador y le expresó su «solidaridad».

La expectación aumenta por la reacción de la Comisión, que ayer incluso se negó a confirmar o desmentir si el funcionario investigado durante tres años y ahora en prisión ha sido suspendido de su servicio. Después de negarse con insistencia a dar su nombre o cualquier tipo de detalle, el portavoz, Johannes Laitenberger, aseguró que la Comisión es «víctima» en este caso de supuesto fraude y que tiene una «política de tolerancia cero» con la corrupción. En la sala de prensa, se le recordaba que la Comisión Santer «cayó por mucho menos» y el escándalo empezó por sus negativas a dar información sobre la falta de control de sus comisarios y funcionarios.

La Comisión Europea tiene 132 delegaciones en el exterior para su «representación diplomática» con un presupuesto anual de unos 500 millones de euros; de ellos, cerca de 56 millones están destinados a edificios -la mayoría para pagar los alquileres- y 20 dedicados a la seguridad.

Cada contrato que supera los 50.000 euros pasa por un comité de jefes y expertos, que dan su opinión sobre el contrato. Hasta ahora, sus consejos siempre se han seguido, según Emma Udwin, portavoz de Relaciones Exteriores.