Díaz de Mera, que comparecía como testigo, hizo referencia en su declaración a la existencia de un informe encargado por la Comisaría General de Información en el que se analizaba la posible implicación de ETA en la masacre. El juez Gómez Bermúdez le solicitó que revelara quien le había alertado sobre el informe, a lo que Díaz de Mera respondió que se trataba de un funcionario policial pero que no podía facilitar su identidad para no poner en peligro su seguridad y su carrera. Tras insistir sin éxito en que reconsiderara su decisión, el tribunal acordó multarle y deducir testimonio, lo que supondrá la apertura de una investigación penal sobre si ha incurrido en un delito de desobediencia.

La actuación del tribunal es irreprochable a la luz de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a los testigos a decir todo lo que saben para esclarecer un delito. Díaz de Mera invocó razones de tipo ético y afirmó que no quería perjudicar a un «honesto» funcionario policial, un argumento que resulta comprensible desde el punto de vista humano pero que entra en conflicto con la exigencia judicial de esclarecer la verdad sobre un atentado en el que murieron 191 personas.

Bermúdez y sus compañeros cumplieron ayer con su deber y demostraron que están dispuestos a remover todos los obstáculos para esclarecer lo sucedido. Ponderaron correctamente el conflicto que se planteaba y optaron por preservar el bien superior, que es la búsqueda de la verdad en la investigación judicial frente a la protección de una carrera profesional.

Mas allá de lo sucedido ayer en el juicio, la cuestión es dónde está ese informe que, según el actual ministro del Interior, nunca existió. El testimonio de Díaz de Mera -dispuesto a afrontar una grave acusación penal para proteger a su fuente- contradice esa afirmación, por lo que sería importante aclarar este asunto. El PP debe instarle a que lo haga y movilizar a todos los demócratas para garantizar que el funcionario en cuestión no sea objeto de ningún tipo de represalia.

Horas antes de la declaración de Díaz de Mera, el inspector de la UCIE, Antonio Jesús Parrilla, había confirmado que él escuchó a Trashorras declarar en un interrogatorio policial que El Chino le había contado que conocía a los dos etarras detenidos en Cuenca. Parrilla afirmó que esa relación la hizo constar en un informe por escrito a sus jefes, que ahora ha desaparecido.También desapareció el informe original de los tres peritos en el que establecían la hipótesis de un posible vínculo entre ETA y el 11-M.

Si lo que sostuvo ayer el ex director general de la Policía es cierto -y no hay duda de que él lo cree-, habría ya tres serios indicios de la destrucción de pruebas sobre la mera hipótesis de la implicación de la banda en los atentados. Todo indica que los responsables de Interior han intentado borrar hasta los más tenues y superficiales rastros que pudieran conducir a ETA, lo cual ya es de por sí muy revelador de cómo se ha llevado a cabo la investigación policial del 11-M.