La pena de prisión la cumple un interno con nombre y apellidos, por unos hechos de los que es responsable. Detrás de esta condena, sin embargo, cónyuges e hijos, padres y otros familiares sufren una forma de extensión de la pena, en libertad pero acongojados por un sinfín de obstáculos y pequeños problemas que, acumulados, extienden el castigo penal.
El Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona ha realizado un estudio que tiene forma de libro y un título, La prisión en el entorno familiar, con ánimo de denunciar la situación de un colectivo invisible.
El estudio, elaborado con la participación de la concejalía de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona, sistematiza el conjunto de problemas jurídicos y penitenciarios, económicos y laborales, sanitarios, psicológicos y sociofamiliares que afectan a las familias como consecuencia de la permanencia en la prisión de uno de sus miembros. Además, según destacan los investigadores que participaron en el estudio, «el trabajo analiza las principales necesidades específicas que se derivan de esta situación».
Así, según el equipo de investigación universitario, «queda patente que las repercusiones familiares que se producen crean una verdadera extensión social de la pena privativa de libertad que supera a la persona encarcelada y que se extienden al conjunto de la familia».
El informe enfatiza el rol desarrollado por las mujeres, «las principales afectadas». Por eso el documento recoge las vivencias de muchos familiares, lo que proporciona «visibilidad» a cuestiones reveladoras que tradicionalmente permanecen ocultas.
Así las cosas, el informe evidencia la falta de información y eficiencia por parte de los servicios sociales penitenciarios a la hora de atender las demandas de apoyo asistencial de las familias, y denuncia que la Administración penitenciaria «no tiene establecidos los mecanismos de información adecuados, accesibles, comprensibles y personalizados» con los familiares.
Por otra parte, el estudio propone adecuar el horario de las comunicaciones vis a vis a las demandas o necesidades ocupacionales de los familiares, habilitar espacios de espera y sanitarios adecuados y suficientes para los familiares, con especial atención a las personas de edad avanzada, con discapacidades o necesidades especiales, pero también para menores de edad que han de acompañar a la familia en las visitas pero que no participan en el encuentro.
«Si hay alrededor de 8.000 presos, entre madres y padres, hermanos y hermanas, parejas, hijos, la cifra de las personas directamente afectadas por el encarcelamiento se multiplica», advierte el estudio, para recordar que sólo en las manos de los políticos está paliar los perjuicios que sufren.
