La ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas vuelve a su nombre original con el apoyo del PP -después de que el dictamen de la Comisión sustituyera bibliotecas por cooperación y coordinación bibliotecaria-, y mantiene el régimen de precio fijo para todos, excepto los de texto, cuyo precio se liberaliza -lo que ha suscitado las críticas de BNG, IU y PNV, que consideran que estos libros también deberían asumir el régimen general de precio fijo-, y una memoria económica de 431 millones de euros.

Según Carmen Calvo, este régimen permitirá «mantener una oferta plural de un sector que tiene más de 70.000 títulos publicados que no verían la luz si se rigieran por la leyes de oferta y demanda», explicó Calvo, que a su vez calificó la lectura como «paradigma de la sociedad del conocimiento».