Viernes, 30 de marzo de 2007. Año: XVIII. Numero: 6312.
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PULSO ENERGÉTICO / Impugna la decisión de la CNMV, porque «lo que es ilegal ahora también lo será dentro de seis meses» y quiere sus actas / El ministro de Industria asegura que la decisión de la Sepi «es prueba de neutralidad»
E.ON pide a la Audiencia que prohíba la OPA de Acciona y Enel porque según la CNMV es 'ilegal'
C. SEGOVIA

MADRID.- El grupo alemán E.ON desplegó ayer en España su artillería legal para quedarse con Endesa. Ayer presentó una demanda urgente ante la Audiencia Nacional para que, como máximo antes del martes día 3, prohíba la OPA de la compañía italiana Enel y la española Acciona. En esa fecha culmina en España el plazo para que los accionistas de Endesa decidan si aceptan la oferta alemana o si prefieren esperar a la que que lance el pacto hispano italiano.

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E.ON ha optado por una demanda en vía de máxima urgencia alegando los perjuicios que causa a su operación la expectativa de otra oferta que considera ilegal. La demanda discurre por la vía contencioso-administrativa contra la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de admitir la existencia de esa posible oferta, aunque sin autorizarla antes de seis meses.

«Hemos presentado esta reclamación porque creemos que lo que es ilegal hoy, será también ilegal dentro de seis meses. Por ello, se debe prohibir que Enel y Acciona lancen una oferta», manifestó el presidente ejecutivo de E.ON, Wulf Bernotat, en un comunicado oficial.

En él también resalta que se trata de impugnar la decisión de la CNMV a la que acusa de «pasividad». En opinión del grupo alemán, la Audiencia Nacional debe prohibir también que Acciona y Enel realicen cualquier comunicación al mercado que «perturbe» su OPA. En esa línea, reclama a la autoridad judicial que la CNMV retire de su página web las notificaciones sobre el acuerdo hispanoitaliano. Éste es público desde el pasado lunes en el portal digital del órgano rector del mercado español de valores.

El bufete Pérez Llorca, que se ocupa de los intereses de E.ON en España, se interesa también por la división producida en la CNMV tras la irrupción de Enel en escena. Por eso reclama a la Audiencia Nacional que le entregue las actas del consejo de la CNMV del pasado viernes y del lunes. En ambas reuniones, la institución reconoce que no hubo unanimidad. En la primera, decidió frenar a Acciona y Enel en contra del criterio de los consejeros más afines a Moncloa. En la segunda, se ratificó en el frenazo, aunque sin abrir expediente sancionador a españoles e italianos, como reclamaba E.ON.

La sala Sexta de la Audiencia Nacional decidirá hoy o el próximo lunes, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Fuentes próximas a Enel criticaron la iniciativa alemana, porque «E.ON busca en su propio interés y no el de los accionistas de Endesa al intentar bloquear en los tribunales una oferta que es superior a la suya». Estas fuentes resaltaron que Endesa cerró ayer a 40,55 euros -por encima de los 40 que ofrece E.ON- «y hay que tener en cuenta que la cotización incluso subió tras conocerse la demanda judicial alemana, porque entonces cotizaba a 40,44 euros».

Según esta versión, los inversores muestran con ello que creen que la OPA de Enel y Acciona no será declarada ilegal.

El movimiento alemán tampoco fue ayer acogido con agrado por el ministro de Industria, Joan Clos. «Siempre preferimos que estos procesos se desarrollen sin judicializarlos», lamentó en declaraciones en Zaragoza. Pero, acto seguido, proclamó que «los participantes en la OPA están en su derecho de hacer lo contrario».

El Gobierno teme que la entrada en escena de los tribunales retrasen durante mucho tiempo el desenlace de Endesa, que no deja de ser la primera eléctrica del país.

Aunque la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), se apunta al retraso, porque anunció el pasado martes que no acudirá a la OPA de E.ON. Para Clos, «es una prueba de neutralidad», porque, en su opinión, no vender ahora supone «esperar hasta el último momento».

También hizo ayer una aparición pública el presidente de Endesa, Manuel Pizarro. Éste mostró su sorpresa por el hecho de que Enel haya osado invertir 10.000 millones de euros en el 24,9% de Endesa, cuando, de acuerdo con la normativa vigente, sólo tiene garantizado ejercer derechos políticos por un 3%. Y afirmó que, por tanto, no podrá permitir que ejerza derechos por encima de ese porcentaje en futuras juntas de accionistas. Y dio por sentado que no podrá acceder al consejo de administración al tratarse de un competidor.

«No sé si ellos tendrán noticias de un cambio normativo. Desde luego el mercado no las tiene, pero con el actual marco esa es nuestra posición», afirmó Pizarro en la inauguración del I Foro de Economía de la Comunidad de Madrid. Se refirió a la Ley 55/1999 que restringe el acceso a las empresas públicas extranjeras en el sector energético español.

«Si yo fuera a un país a comprar el 25% de una empresa para votar el 3% y no estar en el consejo, seguramente los accionistas me echarían del consejo», sentenció. «No se si alguien le ha asegurado algún tipo de cambio normativo, y como no lo sé no puedo decir nada», agregó insinuando que si Enel ha dado el paso, es porque dispone de información privilegiada del Gobierno español.

En respuesta implícita al consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, sobre el hecho de que el consejo de Endesa debía rectificar su decisión de recomendar la OPA de E.ON, pese a ser más barata que la cotización del día y que la oferta hispano italiana, Pizarro se ratificó. Recordó que ya recomendó la OPA a 38,75 euros de E.ON, porque «estaba bien, y ahora, a 40 euros por acción está mucho mejor y por tanto muy bien, por lo que el consejo en congruencia con eso recomienda ir a la única OPA en vigor y con todas las condiciones y sus miembros venderán todas sus acciones menos las 50 que dan derecho a estar en la junta».

Sobre la actual ley de OPA, Pizarro no vio otro problema que «el árbitro». «Si en un partido de fútbol, un equipo se pone a dar patadas y el árbitro mira para otro lado, el problema no son las normas del fútbol, sino el árbitro», declaró.

Otro problema, en su opinión, es la lentitud judicial. «No puede ser que en un país tardes cuatro años en saber lo que te pasa si vas a los tribunales, y encima que si vas te acusen de ir y de estar judicializando el asunto».

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