La preocupación de CiU y ERC sobre este asunto es constante, sobre todo desde que leyeron las alegaciones que presentó el abogado del Estado, pues consideran que en este documento ya se adelanta que el TC meterá tijera e interpretará el Estatut de forma restrictiva.

Por eso, los diversos partidos han elucubrado durante los últimos días sobre cuál será la «salida» en el caso de que esa sentencia negativa llegue a materializarse. Unas elucubraciones que han sorprendido al PP, que no entiende cómo unas fuerzas políticas democráticas pueden llegar a plantearse la posibilidad de no acatar un fallo de la alta instancia judicial, según indican fuentes del partido que preside Josep Piqué.

Por eso, el PP catalán aprovechó ayer la celebración del Pleno extraordinario sobre el despliegue del Estatut para presentar una resolución en la que recuerda que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que «las sentencias recaídas en los procedimientos de inconstitucionalidad tendrán valor de cosa juzgada y vincularán a todos los poderes públicos».

El PP solicitó al resto de los grupos que manifestasen «su profundo respeto hacia la decisión que en su momento adopte el Tribunal Constitucional en relación a sus recursos [del Estatut]» y expresaran «de forma unánime que acatarán el contenido de las sentencias que pronuncie sobre los artículos impugnados de la reforma».

La propuesta popular cayó en saco roto. Sólo los 14 diputados del grupo de Piqué y los tres de Ciutadans votaron a favor de la resolución. Los parlamentarios de CiU, Esquerra, PSC e ICV-EUiA la rechazaron. Estos cuatro partidos no están dispuestos a aceptar que los jueces vuelvan a recortar un texto que ya fue rebajado durante la negociación en las Cortes y que se parece muy poco al que se aprobó en el Parlament el 30 de septiembre de 2005, de contenido mucho más soberanista.

Lo que ya no está tan claro es cuáles van a ser las medidas que propongan los diferentes partidos si, al final, la sentencia del Constitucional va en contra de sus intereses. El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha evitado siempre hablar de la cuestión, pues no quiere ponerse el parche antes de hacerse la herida. Sin embargo, en una reciente conferencia pronunciada con motivo de los 100 días de Govern, el presidente Montilla insinuó que la Generalitat podría pedir una reforma de la Constitución para después dar cabida en ella a su Estatut.

Carod también parecía partidario de esta medida pero ahora su partido ha abierto el debate sobre la posibilidad de someter la independencia de Cataluña a referéndum al dar por agotada la «vía autonomista».

«El artículo 38.1 de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (...) establece que las sentencias recaídas en los procedimientos de inconstitucionalidad tendrán valor se cosa juzgada, vincularan a todos los poderes públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el BOE. En términos análogos se pronuncia el artículo 87 del mismo texto legal cuando dispone que todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de aquello que el Constitucional resuelva. (...) el Parlamento de Catalunya manifiesta su profundo respecto hacia la decisión que en su momento adopte el Constitucional en relación a sus recursos y expresa de forma unánime que acatará el contenido de las sentencias que pronuncie sobre los artículos impugnados de la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya».