Selección del profesorado.

Para muchos es la biela que más chirría de la norma, hace que todo el proceso de contratar docentes tenga menos independencia y echa una palada más de estiércol en el muladar de la endogamia.

Si la LOU del PP establecía un tribunal de siete miembros cuyos integrantes (elegidos por sorteo y a los que se les pedía tener sexenios de investigación) podían ser de universidades ajenas a la que convocaba el puesto de trabajo, el nuevo método consiste en la mera presentación del currículum del candidato (donde se acredite su valía) ante una comisión. Ésta acreditará su idoneidad, sin vinculación a plaza fija. En el posterior concurso de acceso, cada universidad decidirá cómo selecciona a uno u a otro.

Según el Ministerio, el nuevo sistema de acreditación «está inspirado en los estándares internacionales de las mejores universidades» y, sobre el papel, se ha de basar siempre «en los principios de igualdad, mérito y transparencia», algo que ponen muy en duda las tribus en minoría de ciertos departamentos.

La fe de la ministra Cabrera y de su equipo en este modelo se asienta en un razonamiento límpido: con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que será una realidad en 2010, los alumnos podrán cambiar de una carrera a otra en el Viejo Continente con una facilidad pasmosa. Con tal competencia, sobrevivirán sólo las mejores. Ergo tener a los docentes más válidos (más allá del enchufismo) será una garantía de calidad.

¿Más vacunas contra la endogamia? La reforma incide en el «refuerzo de los mecanismos de rendición de cuentas» ante la sociedad y en la «evaluación de la calidad». Así, quienes obtengan mejores resultados, optarán a un mejor presupuesto.

Nuevas titulaciones.

Como no podía ser de otra forma, la reforma universitaria se ha hecho con la horma de Europa, para que nuestra enseñanza superior encuentre acomodo en ese zapato global de 2010 y entremos todos con holgura.

El texto crea un registro público de títulos oficiales y cita la nueva estructura de enseñanzas oficiales, adaptada al EEES y basada en tres niveles: grado, máster y doctorado. Así, los grados serán de cuatro años de duración y sustituirán a las actuales diplomaturas y licenciaturas. Los posgrados, a su vez, se dividirán en másters y doctorados.

La reforma socialista suprime en su acercamiento a Europa el catálogo de enseñanzas actual. El Gobierno establecerá el carácter oficial de una titulación propuesta por una universidad y la inscribirá en el citado registro después de que haya sido autorizada por la comunidad autónoma correspondiente y el Consejo de Universidades haya verificado que su plan de estudios se ajusta a las directrices establecidas por el Ejecutivo.

Elección de rector.

Podrán ser elegidos también por el claustro y no sólo por sufragio universal, como recoge la LOU. Y será cada universidad la que determine en sus estatutos cómo hacerlo.

El sistema de los comicios, si bien ha espoleado la participación estudiantil, conlleva unos gastos elevados y da quebraderos de cabeza en el ámbito organizativo.

El presidente de la CRUE, Juan Vázquez, aseguró ayer que los rectores contemplan la modificación parcial de la LOU «con más alivio que entusiasmo» porque elimina disfunciones, pero la reforma consiste en «retoques» y «realmente no plantea un nuevo modelo de universidades».

Investigación.

Mercedes Cabrera advirtió enfáticamente que es «significativo que este texto se apruebe en el comienzo del Año de la Ciencia». Por algo.

Para la ministra, la pata investigadora es crucial en el taburete universitario.

Así, la reforma de la ley del PP supone un «impulso a la investigación que se realiza en las universidades» y el «refuerzo de su relación con las empresas».

Según Educación, la norma «promueve la movilidad del personal investigador, las excedencias para que puedan crear empresas de base tecnológica y el desarrollo conjunto universidad-empresa de programas de I+D+i.

En efecto, el profesorado funcionario y el contratado permanente podrán cogerse excedencias de hasta cinco años para fichar por una compañía creada a raíz de patentes o investigaciones universitarias en las que hayan colaborado.

Los docentes podrán estar presentes en el accionariado de una empresa tecnológica, siempre que su participación en el accionariado no suponga más del 10% del capital. Se elude, de esta manera, la famosa Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

A su vez, gracias a una enmienda del PSOE en la Cámara Alta, se permitirá a los centros y organismos públicos contratar de forma indefinida a los jóvenes investigadores, entre otros, del programa Ramón y Cajal que hayan logrado una calificación «excelente».

Financiación.

La Conferencia General de Política Universitaria (donde estarán el Gobierno y las comunidades autónomas) tiene un año de plazo, tal y como aprobó el Senado, para decir cuánto costará poner en marcha la norma y hacer cuentas sobre la financiación.

Esta inconcreción dio munición ayer a Eugenio Nasarre, que desde las filas del PP disparó con salva de números. «No hay un compromiso económico en esta reforma. Es un regalo envenenado a las comunidades autónomas y a las universidades».

Evaluación.

La otrora controvertida Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) pasa a convertirse en una institución de carácter público, con funciones de «acreditación» y «evaluación».

Estudiantes.

Se crea el Estatuto del Estudiante Universitario, que trae aparejada la constitución del Consejo de los estudiantes universitarios, dice el Ministerio, «como vía para garantizar su necesaria participación en el sistema». A su vez, se pone en marcha una batería de medidas para que los estudiantes compatibilicen sus experiencias laborales con los estudios, al tiempo que se les reconoce esta tarea a efectos académicos.