Los sindicatos mostraron su satisfacción, porque el Estatuto -que había sido debatido antes con las grandes centrales sindicales, UGT, CCOO y CSI-CSIF- recoge sus reivindicaciones, entre ellas el compromiso de reducir el trabajo temporal, el derecho a la negociación colectiva, la jubilación parcial y la incorporación de medidas para la igualdad entre hombres y mujeres.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, también estaba ayer muy satisfecho. «Es una herramienta esencial para mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos y tener unas administraciones más ágiles, más flexibles y más capaces de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos», dijo a los periodistas.

Sevilla considera que, con toda certeza, se podrá hablar de «un antes y un después» del Estatuto cuando se analice el trabajo de las Administraciones Públicas «para facilitar la vida a los ciudadanos».

Antes, durante el debate en el Pleno del Congreso, el más crítico con el proyecto de ley fue el diputado del PP Juan Carlos Guerra Zunzunegui. Lamentó que no haya sido admitida ninguna de las 120 enmiendas que ha presentado su grupo, lo que le obligará, según dijo, a proponer dentro de pocos meses distintas iniciativas para modificar algunos aspectos del Estatuto.

No obstante, reconoció que el texto aprobado ayer incluye «algunos avances positivos para los funcionarios públicos», como los referidos a los permisos de paternidad y la jornada parcial.

Los portavoces del resto de grupos aplaudieron el Estatuto, celebraron que en el Senado se hayan introducido muchas enmiendas que lo mejoran y algunos hasta dijeron que ayer era un «día histórico».

La diputada socialista Elisenda Malaret afirmó que esta ley «abre las puertas a la modernización del empleo público», por lo que ya nadie podrá poner excusas para no llevar a cabo otras reformas en profundidad. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) también apoyó la ley, que considera necesaria y positiva, con una excepción.

La diputada Isaura Navarro explicó que votaban en contra de crear la figura del personal directivo, porque consideran que abre las puertas a que puedan existir en la práctica situaciones de «amiguismo», y no a que sea elegido por criterios de igualdad.

El ministro Jordi Sevilla anunció que va a preparar cuanto antes tres decretos para desarrollar el Estatuto, en los que se regulará el teletrabajo, el sistema para evaluar el rendimiento y la definición del personal directivo en la Administración Pública.

Respecto a la falta de apoyo del PP a esta ley, el ministro opinó que se debe a «razones de estrategia interna» de los populares, en referencia a su línea para intentar desgastar al Gobierno, y lamentó que no se hayan sumado al consenso con todos los partidos en una norma tan importante como ésta.

Pero Sevilla se mostró convencido de que, pese a los votos en contra de los parlamentarios populares, «las comunidades autónomas y los ayuntamientos donde gobierna el PP van a desarrollar con mucho gusto y agrado este Estatuto».

Los empleados y funcionarios públicos tendrán derecho, por ley, a negociar sus condiciones laborales y salariales lo mismo que los demás trabajadores.

Sus retribuciones estarán vinculadas a la productividad y al rendimiento, de acuerdo con unas normas que el Ministerio de Administraciones Públicas va a desarrollar en un decreto.

Se crea la figura del personal directivo, responsable del resultado de la gestión, que no podrá ser cambiado cuando llegue un nuevo Gobierno.

Cambia el proceso de selección del personal, de tal manera que a las tradicionales oposiciones se añaden jurados técnicos que aplicarán criterios más prácticos que memorísticos.

Por vez primera, todas las Administraciones Públicas tendrán unas normas comunes para sus empleados, respetando las competencias de cada comunidad.