El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, adelantó que estudiarán si cabe la posibilidad de reclamar ante el Estado algunos de los derechos laborales que «se redujeron» durante el tiempo que estuvo en vigor el decretazo -de mayo a diciembre de 2002-.

Los posibles perjuicios que contempla UGT se refieren al ámbito de las reformas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), los recortes en la protección por desempleo y las reducciones en los salarios de tramitación por despido.

En su redacción inicial el decretazo fijaba la figura del «trabajo adecuado» (que estuviera a una distancia de 30 kilómetros o a dos horas de desplazamiento de su residencia); que el trabajador sólo podría rechazar hasta un máximo de tres veces una oferta adecuada o un curso formativo, y, además, limitaba el cobro de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes.

La reforma además establecía la extinción progresiva del subsidio de desempleo para los trabajadores agrarios temporales, aunque se mantenía para los perceptores andaluces y extremeños que ya lo fueran.

El secretario de Comunicación de Comisiones Obreras, Fernando Lezcano, mostró igualmente su satisfacción por la declaración de inconstitucionalidad de la reforma laboral de 2002, algo que, en su opinión, «confirma los argumentos que defendieron entonces los sindicatos en su conjunto y CCOO en concreto contra los intentos contrarreformistas del Gobierno del Partido Popular».

Lezcano afirmó a Efe que esta sentencia es un «aviso para navegantes», porque disuade a cualquier Gobierno de abordar una reforma laboral «sin el diálogo y la concertación social, que ya se ha ido consolidando». Y aprovechó para mostrar su confianza en que esta decisión del Tribunal Constitucional siente un precedente y beneficie a la reclamación de CCOO sobre la devolución del patrimonio sindical a UGT, que también fue tramitado por un Real Decreto Ley.

El secretario general del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) andaluz, Diego Cañamero, anunció que pedirá que le devuelvan a esta organización los cerca de 100.000 euros impuestos en concepto de multas y sanciones por las movilizaciones en contra del decretazo.