Casi cinco años después de que se aprobara el Real Decreto Ley de la reforma laboral de 2002, más conocida como decretazo, una sentencia del Tribunal Constitucional hecha pública ayer lo declara inconstitucional por no considerar justificada la «urgencia y extraordinaria necesidad» que alegó el Gobierno de entonces para aprobar una norma que rechazaban los sindicatos -y que fue el detonante de la última huelga general, el 20 de junio de 2002- y provocó la tercera remodelación del Ejecutivo de José María Aznar.
El Constitucional da así la razón a la Junta de Andalucía y a diversos diputados del PSOE, IU y el Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados que recurrieron la aprobación de la reforma a través de un real decreto. Pero con su fallo, el tribunal sólo declara inconstitucional el carácter de urgencia en la aprobación del Real Secreto, no su contenido que, como recoge la sentencia, quedó derogado por la ley 45/2002 de 12 de diciembre que reinstauró la paz social.
«Debemos concluir, de acuerdo con nuestra doctrina, que han perdido objeto las quejas de inconstitucionalidad referidas a los apartados uno y tres del artículo segundo, al párrafo primero del artículo tercero y a la letra a) del número artículo cuarto del Real Decreto-Ley 5/2002, al haber quedado derogados los preceptos correspondientes tras la entrada en vigor de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre», afirma la sentencia del Constitucional. Lo que evidencia que las quejas de inconstitucionalidad referidas al contenido del Real Decreto han perdido objeto.
Juan Carlos Aparicio, responsable de esta reforma como titular de Trabajo y Asuntos Sociales, justificó en su día la elección del Real Decreto como fórmula para «evitar distorsiones y para no crear expectativas de cambio normativo muy prolongadas». Y añadía que «desde el año 89, ha habido 16 Reales Decretos-Ley sobre mercado laboral, para las situaciones en las que hubo acuerdo y en las que no lo hubo», es decir que buena parte de las reformas laborales de la etapa democrática han sido realizadas por Decreto Ley.
Sin embargo, fuentes próximas al ex ministro popular precisaron ayer que éste no se considera responsable del procedimiento legal que se escogió para aprobarla, informa Efe.
El fin del diálogo social
La reforma de Aparicio fue consecuencia de la ruptura del diálogo social, en marzo de 2001, entre CEOE y los sindicatos que, pese a coincidir en que el objetivo era acabar con la precariedad en el empleo, mantuvieron posturas irreconciliables sobre cómo actuar contra una situación en la que vivía casi un tercio de los asalariados españoles. El Gobierno impondría la reforma un año después con su decretazo, que le costó el puesto al ministro de Trabajo. Las principales discrepancias de los sindicatos con la reforma de Aparicio estaban relacionadas con la introducción de la «oferta adecuada de empleo», los contratos fijos discontinuos, la desaparición de los salarios de tramitación y el subsidio agrario andaluz, el per.
Apenas dos semanas después de la huelga general, el 9 de julio de 2002, Aznar decidía la tercera remodelación de su Ejecutivo: salían seis ministros empezando por Aparicio, al que sustituía Eduardo Zaplana. El 1 de octubre Zaplana anunciaba a CCOO y UGT cambios en los puntos conflictivos del decretazo: la restitución parcial de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes, la protección por desempleo para los fijos discontinuos, la compatibilidad del cobro del paro con otras rentas y mejoras en el subsidio agrario y de los autónomos.
Gobierno, PSOE e IU celebran la sentencia
«El Tribunal Constitucional viene a dar la razón a aquellos que no consideramos el Decreto Ley ni urgente ni necesario», afirmó ayer tras el Consejo de Ministros la Vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega. En su opinión, se trataba de una ley «extraordinariamente lesiva para los derechos e intereses de los trabajadores».
También el presidente andaluz, Manuel Chaves, expresó ayer su «alegría» porque el Tribunal Constitucional «nos dé la razón en un tema tan delicado y tan sensible» como fue el 'decretazo'.
Para el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, con esta decisión el Constitucional resalta que «no se deben tomar decisiones tan importantes relacionadas con el mercado laboral sin que hayan sido previamente dialogadas», y añadió que se lanza el mensaje al Partido Popular de que «hay que respetar la Constitución» y contribuir al diálogo social en aquellas normas que afectan de forma estructural a los derechos de los trabajadores.
«Es la primera vez que el TC anula un Decreto Ley por no estimar la urgencia y necesidad alegadas por un Gobierno», recalcó la secretaria de Asuntos Sociales del PSOE Europa, Angela Sabater, tras celebrar su fallo.
Por su parte, el coordinador de Economía y Trabajo de IU, Javier Alcázar, aprovechó la ocasión para emplazar al Gobierno, a los agentes sociales y a los partidos a reunirse para «eliminar lo que queda vivo» del 'decretazo'.
Mientras, Carles Campuzano, de CiU, señaló a Efe que este fallo evidencia que las reformas «impuestas» y que se logran «sin consenso» con los agentes sociales son «malas».
