El llamado decreto 7/07 -más conocido como decreto Bersani en honor de su autor, el ministro de Desarrollo Económico- contempla una gigantesca y variopinta batería de reformas destinadas a desbloquear y dinamizar el mercado trasalpino en numerosos sectores.

Gracias a esta nueva legislación, los italianos dejarán de pagar a las compañías de teléfono móvil la tarifa de entre tres y cinco euros que hasta ahora abonaban cada vez que efectuaban una recarga telefónica. Las farmacias dejarán de ostentar el monopolio de la venta de medicamentos, pudiéndose adquirir en los supermercados aquellos preparados que no precisen receta médica. Y desaparecen las comisiones por cerrar una cuenta en un banco o por pagar por anticipado una hipoteca sobre la primera casa.

Las asociaciones de consumidores han calculado que, gracias al paquete de medidas liberalizadoras, cada familia italiana ahorrará entre 500 y 1.000 euros al año.

Las gasolineras se verán obligadas a indicar de manera clara y visible el precio de la gasolina, de manera que los conductores que circulan por las carreteras y autopistas puedan comparar los precios. Y se acabaron las equívocas publicidades sobre los billetes de avión: las compañías deberán indicar en sus anuncios el precio de cada pasaje, incluidas las tasas de aeropuerto y los extras por los combustibles.

Además, las empresas tienen desde ayer un plazo de 180 días para modificar el etiquetado de sus productos, de manera que la fecha de caducidad de los artículos aparezca bien visible y no escondida en una esquina entre una maraña de datos, como en ocasiones sucede ahora. Se podrá abrir una peluquería o un centro de estética casi de un día para otro, con una simple declaración de inicio de actividad y sin necesidad de pasar por los interminables trámites burocracias necesarios hasta ahora.