En la práctica, la decisión supone que Garzón obliga a Batasuna a renunciar a utilizar las siglas ASB, pero permite que, si cumple ese requisito, pueda celebrar el mitin.

El juez menciona en concreto a 41 personas a las que debe requerirse específicamente para que desistan de promocionar, por cualquier medio, a ASB. Entre ellas, están dirigentes de Batasuna como Pernando Barrena, Joseba Permach, Karmelo Landa, Rufi Etxeberria y Arnaldo Otegi, que ayer calificó de «gran atentado» la hipotética ilegalización del nuevo partido.

La resolución de Garzón responde a la petición del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que en un contundente escrito solicitó la prohibición del acto previsto para hoy en el Bilbao Exhibition Center (BEC) de Barakaldo. El Ministerio Público considera que «existen fundadas razones para sostener que [...] tiene relación con la ilegalizada Batasuna y otras organizaciones ilícitas pertenecientes al entorno de la organización terrorista ETA».

La Fiscalía sostiene que, «tanto por su denominación, como por su estructura y por la pertenencia de al menos dos miembros de la comisión promotora [de ASB] a la actual Mesa Nacional de Batasuna, puede concluirse que se trata de una formación política sucesora de ésta». Añade que esa «vinculación» también «se desprende nítidamente de la presencia en la convocatoria del acto, el pasado 17 de marzo, de varios individuos imputados, procesados y acusados en causas penales por delitos de integración en organización terrorista».

Las 41 responsables de Batasuna que relaciona Garzón en su auto deberán entregar un acta firmada por «todos y cada uno» de ellos en la que renuncien a «efectuar cualquier referencia directa o indirecta, verbal o visual, estática o dinámica, por medio de pasquines, propaganda o manifestaciones verbales, comunicados o cualquier otra forma a la organización Abertzale Sozialisten Batasuna, su existencia, presentación o intención de acudir a las elecciones con este nombre y estatutos».

Si no lo hicieran, podrán incurrir en un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial, con la agravante de reincidencia, en su caso.

Además de los mencionados, tampoco podrán referirse a ASB Marije Fullaondo y Joana Regueiro, que solicitaron el pasado martes la inscripción de la nueva formación en el Ministerio del Interior. De la primera, Garzón destaca su condición de imputada en la causa contra Batasuna; de la segunda, que es miembro de la actual Mesa Nacional de la formación ilegalizada.

Asimismo, Garzón cita a Maribi Ugarteburu y Patxi Urrutia, que fueron los encargados de anunciar el 17 de marzo en el Hotel Tres Reyes de Pamplona que hoy se presentaría en el BEC la propuesta electoral de la izquierda abertzale para las próximas elecciones municipales. Los convocantes no hicieron alusión entonces a las siglas del nuevo partido, que de hecho no fue registrado hasta varios días después. Tampoco en la publicidad del mitin que ha publicado el diario Gara varios días se hace alusión a ASB: simplemente, puede leerse el eslogan «Badator Udaberria. Badator Euskal Herri Berria» («Llega la primavera. Llega la nueva Euskal Herria»).

El escrito de renuncia deberá presentarse en la Consejería de Interior del Gobierno vasco, el cual daría traslado del mismo a la Ertzaintza para que lo comunicase al Juzgado Central de Instrucción número 5, del que es titular Baltasar Garzón. Para hacerlo, tienen de plazo hasta el mismo comienzo del acto, previsto para las 17.30 horas de hoy.

Cumplido este requisito, el mitin podrá desarrollarse, si bien las Fuerzas de Seguridad deberán informar del contenido del mismo. Paralelamente, el juez ha remitido un oficio a la Dirección General de la Guardia Civil para que, en caso contrario, impida su celebración, así como la concentración de personas para ese fin.

De esta forma, Garzón sigue la línea de su resolución de 26 de enero de 2007 en la que rechazó citar a Arnaldo Otegi por sus declaraciones en la rueda de prensa que ofreció tras el atentado de ETA en la T-4 de Barajas. En ella el líder nacionalista mencionó siete veces a Batasuna. En aquella ocasión, el magistrado argumentó que «debe distinguirse claramente entre Batasuna e Izquierda Abertzale, al ser entidades y movimientos diferentes». Agregó que «criminalizar las acciones de la Izquierda Abertzale, por el solo hecho de afirmar que son Batasuna y ETA es una reducción simplista, no ajustada a la realidad».

El juez razona en al auto de ayer que «el propio contenido del acto, según lo anunciado, es presentar la propuesta electoral de la izquierda abertzale, y no puede tener otro alcance, por parte de los organizadores, que el de presentar el partido político Abertzale Sozialisten Batasuna». «En la situación actual», añade, «y visto el contenido de sus estatutos, se estima que [ASB] podría ser continuación de Batasuna» y señala que «el mismo nombre resalta la voluntad identitaria de ambas formaciones».

Garzón resalta que «no se trata [...] de decidir la suspensión de esa nueva formación, habida cuenta de que todavía no ha adquirido el estatus de legalidad conferido por el Ministerio del Interior», pero deduce que si ese Ministerio ha iniciado los trámites para instar a la Sala del 61 del Tribunal Supremo la suspensión de ASB, «está dando por hecho que el nuevo partido es una posible continuación del ilegalizado».

La resolución incluye también varios párrafos de los informes policiales que se han aportado. La Guardia Civil expone que «se infiere un apoyo claro de las estructuras de Batasuna al acto»; la Policía matiza que «no se puede determinar si constituye un acto afectado por» las resoluciones que prohíben las actividades de Batasuna, y la Ertzaintza precisa que «los carteles anunciadores no contienen nombres y anagramas de formaciones ilegalizadas».