El PNV amenazó ayer con retirar a la Ertzaintza de las prisiones vascas en respuesta a la negativa del Gobierno del PSOE a negociar la transferencia de esta materia mientras persista el terrorismo. El parlamentario nacionalista José Antonio Rubalkaba invitó al lehendakari a adoptar esta medida ante el rechazo del PSE a la demanda que se plantea en una proposición no de ley aprobada en la Cámara vasca por el tripartito -PNV, EA y EB- y Aralar.
«Quieren los centros penitenciarios. Que se los queden, pero de colaboración con esa política del Estado español, cero: la Ertzaintza, fuera, y toda colaboración, fuera. Si quieren los centros penitenciarios que los mantengan ellos, que los administren ellos y que tengan la porquería que hay todavía ahí», señaló Rubalkaba.
Cinco bajas en los grupos de PSE y PP hicieron posible que la propuesta de que se reuniera la Comisión Mixta de Transferencias para tratar este asunto saliera adelante, pese a no contar con el respaldo del PCTV. El tripartito defendió que la transferencia está prevista en el Estatuto de Gernika y que sólo de producirse ésta puede darse una mejora en las condiciones de las cárceles.
En consonancia con las reiteradas propuestas del Departamento de Justicia del Gobierno vasco, que defiende un nuevo modelo penitenciario con centros más pequeños, los tres partidos criticaron la situación de los centros de Basauri, Nanclares de la Oca y Martutene. El Ejecutivo ya anunció hace meses que no renovaría los convenios de colaboración que mantiene con Instituciones Penitenciarias en materia educativa, social y sanitaria, acuerdos que expiran el 18 de abril, aunque también señaló que su intención era no abandonar, de facto, estas tareas.
Para Rubalkaba, no hay motivo alguno, recogido en el ordenamiento jurídico, para ligar el terrorismo con la política penitenciaria y recordó que la inmensa mayoría de los presos de ETA no se encuentran en las cárceles vascas como consecuencia de la política de dispersión que han aplicado los gobiernos del PSOE y el PP. Además, acusó a ambas formaciones de aplicar una política penitenciaria «de castigo». El PNV recordó que ambos partidos apoyaron, «con ETA mucho más activa», la transferencia. «Claro, que ahora ustedes ya no están por la labor», aseguró dirigiéndose al PSE.
Rafa Larreina, de EA, apeló a las razones humanitarias, además de al Estatuto de Gernika, para poner fin a una situación que «compromete la dignidad» de muchas personas. Para Oskar Matute, de EB, el tripartito no busca gestionar las cárceles para hacer una política penitenciaria propia y señaló que otras comunidades autónomas ya ejercen estas competencias. También reconoció que su grupo considera que determinadas actuaciones en este ámbito podrían contribuir, aunque sólo en parte, a un hipotético proceso de paz.
Por su parte, el portavoz socialista, Rodolfo Ares, se mostró contundente. «Mientras haya terrorismo, no habrá transferencia porque la política penitenciaria forma parte de la política antiterrorista», señaló en consonancia con las tesis defendidas por el Gobierno de Zapatero. El PSE admitió, no obstante, que la situación de las cárceles puede mejorarse.
