La patada a Antonio Aguirre cuando iba a comparecer como acusación en el proceso contra Juan José Ibarretxe va a seguir dando de qué hablar. Máxime ahora que la Ertzaintza ha remitido al Juzgado de Guardia de Bilbao -donde el miembro del Foro Ermua agredido denunció en su día lo sucedido- un informe en el que avala la tesis que ya expuso la portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate.
El informe de la Policía autonómica sostiene que, si bien es cierto que existió una agresión en la puerta del Palacio de Justicia bilbaíno, ésta se produjo cuando la decena de miembros del Foro Ermua y de Dignidad y Justicia allí presentes promovió «un acto ilegal de contramanifestación», y adjunta al magistrado una referencia con las filiaciones de estos supuestos contramanifestantes.
La Ertzaintza ha trasladado este informe al Juzgado de la capital vizcaína, que, a partir de las denuncias presentadas el mismo lunes por los miembros del Foro Ermua Antonio Aguirre e Iñaki Ezkerra, y los de Dignidad y Justicia Daniel Portero y Sonsoles Arroyo, estudia lo sucedido cuando los representantes de estos dos colectivos cívicos trataban de acceder al Palacio de Justicia de Bilbao. Entonces, uno de los simpatizantes de Juan José Ibarretxe allí presentes, identificado como un consejero de Distrito del PNV en Bilbao y trabajador jubilado del Gobierno vasco, propinó una patada en los testículos a Aguirre, que requirió atención médica.
«En el mismo lugar [donde se registró la agresión] se produjo por parte de diversas personas un acto ilegal de contramanifestación para tratar de interferir en el desarrollo pacífico de una concentración legal previamente comunicada. Los presuntos autores de los hechos figuran igualmente identificados en las diligencias», expone al juez el informe remitido por la Ertzaintza.
La «contramanifestación» en la que ahora enmarca la Policía autonómica la agresión a Aguirre ya fue denunciada el martes por la portavoz del Ejecutivo vasco, quien acusó a los miembros del Foro Ermua y de Dignidad y Justicia de estar «provocando» a los simpatizantes del lehendakari.
Pese a constatar en su informe la existencia de este «acto ilegal de contramanifestación», la Ertzaintza no tiene intención de incoar un expediente administrativo contra los miembros de las dos asociaciones cívicas que ejercen la acusación en el llamado caso Ibarretxe. Y es que, según admitieron ayer desde el Departamento de Interior del Gobierno vasco, no se puede hablar legalmente de manifestación en este caso, ya que la ley exige una presencia mínima de 20 personas, y los miembros de Foro Ermua y de Dignidad y Justicia que trataban de entrar al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco apenas llegaban a una decena.
Sobre la identidad de agresor -el PP lo identificó en las imágenes como Alejandro Aranburu Corral, representante del PNV en el Consejo de Distrito de Bilbao y ex trabajador del taller mecánico de la Consejería de Interior-, la Ertzaintza ha trasladado sus datos al juez, pese a que en el momento de la patada lo dejó marchar, y ha remitido también una copia de la declaración que se le tomó posteriormente.
El Gobierno vasco no tardó ayer en aplaudir este informe de la Ertzaintza y precisó que ahora está «en manos» del juez decidir sobre la legalidad de esta actuación y adoptar, si procede, medidas contra Aguirre y sus acompañantes.
No piensa de la misma forma el secretario general del Partido Popular vasco, Carmelo Barrio, que denunció a «los guerrilleros de Cristo Rey de ahora», que «están cerca de las filas nacionalistas» y defienden a Ibarretxe, y precisó que el Foro Ermua «sólo reivindicaba los valores fundamentales, democráticos y de convivencia de la sociedad», y que, por lo tanto, no se trató de una «contramanifestación», sino de «una expresión democrática».