«¿Cuándo habló usted por primera vez con José Amedo y Michel Domínguez?»
- «Pues no sé, creo que en las sesiones del juicio del caso Marey»
- «Usted tiene declarado en fase de instrucción que les conoció en septiembre de 1994, en una reunión en casa del abogado Argote»
- «Puede ser»
- «¿Le pidieron el indulto?»
- «De eso hace mucho tiempo, no me acuerdo. Pero yo dije públicamente que era partidario del indulto»
- «¿Necesita que se le lean sus declaraciones para recordar?»
- «Es igual. A los efectos del sistema, del juicio, es lo mismo. Por lo tanto, haga usted lo que quiera».
El diálogo corresponde al comienzo del interrogatorio que el fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol hizo el jueves al otrora poderoso secretario de Estado para la Seguridad en los gobiernos de Felipe González.
Rafael Vera afronta su quinto juicio con un total desdén («no me he preocupado de revisar la causa, no sirve de nada»), en tono bronco («¿usted cree, señor fiscal, que los informadores de ETA tenían que venir al Banco de España a pasar por caja?») y parapetado en una aparente desmemoria.
Tanta, que parece no recordar la relación a cara de perro que mantuvo con Amedo y Domínguez en el juicio del caso Marey, el primero al que Vera se enfrentaba, en mayo de 1998.
En aquel proceso, los dos ex policías de Bilbao -las dos primeras piezas del laberinto de los GAL que cayeron a manos del juez Baltasar Garzón- se convirtieron en los principales testigos de cargo contra Vera y contra el ex ministro Barrionuevo, y sus testimonios fueron decisivos para llevarles a la cárcel.
Ahora, en la sala de vistas de la Audiencia de Madrid donde se juzga el caso de los maletines, todo son gestos amables y cordiales saludos entre Amedo y Domínguez y sus respectivas mujeres con el ex número dos de Interior y su antiguo secretario personal, Juan de Justo, el hombre que, según las acusaciones, se encargó de que cuantiosas sumas de fondos reservados -teóricamente destinados a la lucha antiterrorista- fuesen a parar a María Angeles Acedo y Alicia Sánchez entre julio de 1988 y enero de 1994, mientras sus esposos estaban en prisión por su participación en atentados de los GAL en el sur de Francia.
Algo determinante ha cambiado desde aquel 16 de diciembre de 1994, cuando José Amedo y Michel Domínguez comparecieron ante Garzón -«voluntariamente», consignaba el acta judicial- para relatar la implicación de Vera y algunos otros en el terrorismo de Estado. También contaron cómo el responsable de la Seguridad del Estado quiso «comprar su silencio» llenándoles los bolsillos de fondos reservados para que los ex policías, cansados de esperar un indulto que nunca llegó, no iniciasen el camino de la delación.
Lo que ha cambiado es, simplemente, que el fiscal anticorrupción pretende que todo ese dinero sea reintegrado a las arcas públicas («cualquiera entiende que esos fondos tienen que volver al Estado», dijo Rodríguez Sol en la primera sesión de la vista, el 12 de marzo) y para ello solicitó -y obtuvo- del Juzgado del Instru- cción la consideración de Amedo, Domínguez y sus esposas como posibles responsables civiles. Ello significa que tendrán que devolver el dinero presuntamente cobrado en el caso de que sus compañeros de banquillo reciban un fallo condenatorio.
A petición del avispado defensor Jorge Manrique, Amedo, Domínguez y sus cónyuges no declararán en esta vista como testigos -así lo hicieron ante Garzón-, sino con las garantías inherentes a los imputados, aunque no pesen sobre ellos responsabilidades penales. Podrán negarse a declarar o manifestar sólo lo que les interese, y no podrán ser perseguidos si mienten.
Ello explica los gestos cómplices que se observan en el banquillo y la displicencia de Rafael Vera cuando el jueves afirmó, sin inmutarse, que «no recordaba» haber ordenado pagos para las esposas de Amedo y Domínguez (un olvido que el fiscal cuantifica en, al menos, 260 millones de pesetas) y que «no tuve conocimiento» de que ambas mujeres abrieran cuentas en Suiza para recibir el dinero. Ni los ex policías ni sus esposas van a contradecirle.
«Estos señores eran simples correos»
El ex secretario de Estado para la Seguridad intentó durante su declaración echar una mano a los tres antiguos subordinados con los que comparte el banquillo: su secretario personal, Juan de Justo, el policía Aníbal Machín y el coronel de la Guardia Civil Félix Hernando.
Sobre De Justo pesa la acusación de haber preparado todos los meses, desde julio de 1988 (un mes después de que José Amedo y Michel Domínguez ingresasen en prisión) hasta enero de 1994 (un mes antes del cese de Rafael Vera en Interior), unos «sobres blancos cerrados» con el membrete de la secretaría particular de Vera en el reverso, que contenían entre 450.000 y 600.000 pesetas en efectivo provenientes de la cuenta de fondos reservados en el Banco de España.
Además, Juan de Justo habría viajado a Ginebra para el último de los pagos, 25 millones de pesetas para Alicia Sánchez y otros tantos para María Angeles Acedo, el 4 de febrero de 1991. El dinero iba en un maletín que, tres años y 10 meses después, Michel Domínguez entregó a Garzón como prueba de cargo.
Machín y Hernando habrían realizado tres viajes anteriores sabiendo que se trataba de entregar dinero de los fondos reservados a las esposas de dos ex policías, según el fiscal.
«Yo no informaba a mis subordinados del objeto de los viajes», dijo Vera. «A veces sólo sabían el destino, pero no a lo que iban. No sabían ni qué llevaban. Eran simples correos, lo mismo que otro oficial que no está sentado aquí», dijo en alusión al guardia civil Rafael Yuste, que acompañó a De Justo a Suiza.
Vera insinuó que las pruebas presentadas pueden ser falsas. «Ese maletín parece más caro que los que comprábamos» y los membretes de los sobres «se pueden falsificar perfectamente».
