Sábado, 31 de marzo de 2007. Año: XVIII. Numero: 6313.
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Un error judicial obliga a poner en libertad a dos acusados de asesinato

BARCELONA.- Una juez de Martorell (Barcelona) se ha visto obligada a dejar en libertad provisional a dos acusados de matar a navajazos a un joven en 2003 durante una discusión en una discoteca de Sant Esteve Sesrovires, después de que ambos hayan permanecido en prisión preventiva durante el plazo máximo de cuatro años.

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La juez olvidó un trámite que podía comportar la nulidad de las actuaciones y la causa fue devuelta al juzgado, lo que dilató la instrucción del caso.

En vista de que finalizaba el límite máximo legal, el Ministerio Fiscal y la defensa de los procesados, Rubén T.D. y Juan Manuel R.C. -a quienes se imputan los delitos de homicidio, hurto de uso de vehículo a motor y tenencia ilícita de armas-, pidieron su puesta en libertad, por lo que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Martorell dictó un auto acordando lo solicitado.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 11 de abril de 2003, cuando los dos imputados presuntamente apuñalaron a un vecino de Piera de 27 años durante una reyerta a las puertas de la masía-discoteca Can Gros, en el polígono Can Bargalló de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Pese a dejarles en libertad provisional, la juez ha impuesto a los procesados una serie de medidas cautelares para evitar su fuga y garantizar que comparezcan en el juicio. Así, Rubén T.D. y Juan Manuel R.C. deberán presentarse los días laborables tanto en el juzgado como en las dependencias de la Guardia Civil de la localidad, y se les ha prohibido salir del partido judicial de Martorell.

La juez instructora argumenta a la hora de establecer dichas obligaciones que existe el «riesgo de fuga» de los procesados, ya que hay indicios suficientes en la causa para imputarles un delito de homicidio o asesinato, informa Europa Press.

Según explicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Rubén T.D. y Juan Manuel R.C. ingresaron por primera vez en prisión preventiva comunicada y sin fianza el 13 de abril de 2003, medida que la juez instructora prorrogó durante dos años más el 30 de marzo de 2005, periodo que finalizó ayer.

El pasado noviembre, la presidenta del Alto Tribunal catalán, Maria Eugènia Alegret, pidió al juzgado de Martorell un informe del estado del procedimiento judicial y la instructora le respondió que la causa, de la que han tenido conocimiento varios jueces, ya se había remitido a la Audiencia de Barcelona para la celebración del juicio.

El 6 de febrero, sin embargo, la Oficina del Jurado comunicó al TSJC que se había declarado la nulidad de las actuaciones y que la causa se había devuelto al juzgado de Martorell porque la juez no le había dado traslado a la empresa propietaria de la discoteca, como responsable civil subsidiaria, para que pudiera solicitar nuevas diligencias complementarias.

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