La adulteración habría incluido incluso la falsificación de la firma y, por tanto, la suplantación de la personalidad del presidente de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica.

Tan burda habría sido la supuesta actuación del jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente del Gobierno autonómico -contra quien va dirigida la denuncia penal-, que los 14 folios que contenía el documento original han sido reducidos a sólo cuatro páginas, y sin la cartografía con la que se precisaban las causas de la alegación.

El objetivo de la falsificación parece deberse, según la organización ecologista, a eliminar los condicionantes ambientales existentes sobre el proyecto eólico, situado en el término de Folgoso de la Ribera, en León. De esta manera, se han eliminado minuciosamente todas las referencias a la presencia de una colonia de urogallos cantábricos (Tetrao urogallus cantabricus), una especie catalogada en «peligro de extinción» que requiere máxima categoría de protección en la clasificación internacional.

El proyectado parque eólico afecta precisamente a una de las precarias colonias de esta ave, cuyas poblaciones en el norte de España se han visto reducidas a la mitad en los últimos años. Otras poblaciones del Pirineo se dan ya por inviables. Los urogallos que viven en la zona del proyecto eólico tienen más valor si cabe, porque se trata de una pequeña área de alto valor natural alejada de los territorios habituales del urogallo, en la cordillera Cantábrica. Es más, la Junta de Castilla y León, ha realizado un estudio de la colonia que resultará afectada, y ha capturado y radiomarcado algunos de ellos para su seguimiento científico.

La falsificación habría permitido que la Delegación Territorial de León del Gobierno regional haya dado el visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental del parque eólico de Valdelín, promovido por la empresa Mylsa. Los ecologistas puesto una reclamación administrativa que declare nulo el procedimiento administrativo.

Por otra parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha enviado ayer el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.