Tras años de dudas, la estación invernal de Baqueira-Beret veía como se confirmaban sus deseos de ampliación con una construcción equiparable en tamaño al rascasuelos barcelonés de L'Illa Diagonal.Al límite de la cota de altitud edificable (1.500 metros), se construyen 500 apartamentos de entre 70 y 100 metros cuadrados y tres hoteles, además de más de un millar de aparcamientos.En total, capacidad para albergar a 3.000 personas.

La fama cuesta y, como todo en el Vall d'Aran, los precios están por las nubes. La especulación inmobiliaria permite que se paguen cerca de 7.000 euros por metro cuadrado de residencia, una cifra que supera lo que se paga en la mayoría de distritos de Barcelona.La exclusividad de la venta de los nuevos apartamentos recae en la sociedad Neu 1500, cuyo principal responsable es Joaquín Raimundo Perea Hund, un ex empleado del principal intermediario inmobiliario de la zona, Gestiaran, propiedad de los hermanos Juan Carlos y Víctor León. Este último fue el mismo que hace siete años, como alcalde de Naut Aran por Convergència Democràtica Aranesa (CIU), permitió un proyecto que ahora construyen Teyco y Comapa.

«Zorro vigila gallinero». Es la fórmula que utiliza un promotor de la zona para describir lo que está ocurriendo en Naut Aran con el dominio político y comercial de Víctor León. Nadie le ha denunciado formalmente, pero todo el mundo da por hecho que el alcalde incurre en continuos conflictos de intereses que son éticamente reprobables. Aunque en los dos últimos años Gestiaran ha soltado parte del pastel del mercado inmobiliario que controla en la comarca, continúa siendo el gran dominador y algunos promotores le acusan de faltar a la libre competencia. Incluso de vetar, desde el Consistorio, otros proyectos urbanísticos que deben contener su firma hasta que las promociones de la Vall de Ruda no estén comercializadas. Otros, además, evitan pedir información pública en las oficinas municipales de Naut Aran ante el temor de que sus pesquisas den pistas a Gestiaran sobre sus nuevas inversiones inmobiliarias.

Y pese a que media docena de agencias forman la red comercial de Gestiaran, la inmobiliaria tan sólo declaró 630.000 euros de ingresos en 2005. Un promotor comenta que el pasado año facturó 700.000 euros con una venta media de cuatro casas a la semana.Otro, 350.000 euros acorde a una transacción y media a la semana.

La familia León ha ganado cuota de poder en el valle a partir de que Juan Carlos tomara la alcaldía de Naut Aran, que se produjo justo después de que su predecesor, de Unió Aranesa (afín al PSC), tuviera que abandonar el cargo por un escándalo de recalificaciones urbanísticas. Nada de eso le ha sucedido a Víctor León, el alcalde del municipio más rico de la Vall d'Aran gracias al canon que le paga la estación de Baqueira Beret. Esos recursos, cuantificados entre 1,2 y 1,8 millones de euros (la mitad del presupuesto anual), y una política relajada respecto a los intereses de sus convecinos le han permitido gobernar el municipio con tranquilidad estos años.

«Víctor es Víctor», explican fuentes inmobiliarias que recuerdan un encontronazo entre León y el ex president Jordi Pujol cuando se planteaba la separación de la pedanía de Garós i Arties. En aquel momento, Leon amenazó con dejar en el aire la pirámide de naipes de CiU en la provincia, donde controla el Conselh d'Aran y la Diputación de Lleida. Hoy Arties y Garós continúan unidas y el presidente del municipio, Cesar Ruiz-Canela, está vinculado a Gestiaran.

Mientras que en Vielha no hay casos pendientes, la Sindicatura de Comptes ha decidido abrir una investigación en la pedanía aranesa de Gausac, después de que dos ediles, Jesús Ordóñez y Antonio Escuil, denunciaran al alcalde socialista José Solé por irregularidades en la compraventa de una finca. La operación se realizó en 2001 por un valor de 12.000 euros cuando el Ayuntamiento de Vielha había efectuado una tasación fijando el precio en 48.080 euros.

La denuncia llegó a la Sindicatura el pasado mes de enero y dos meses después el organismo fiscalizador de los entes de la Administración catalana decidió remitir el caso a la Sección de Enjuiciamiento del tribunal de Cuentas «para la posible tramitación de un prcedimiento para exigir responsabilidades contables».

Según Solé, la venta de la finca, de 33 metros cuadrados, recibió el beneplácito de un concejal de la oposición. Además, el alcalde negó conocer el informe efectuado por los técnicos del Ayuntamiento de Vielha.