Agotadas las posibilidades especulativas en la costa catalana, exprimidos al máximo los metros cuadrados de las superficies metropolitanas, el Pirineo es objeto de codicia de intereses cruzados. Sus excepcionales condiciones medioambientales lo convierten en un territorio atractivo para el turismo, para la especulación urbanística de los promotores inmobiliarios, e incluso para los pequeños propietarios de terrenos de toda la vida que ahora ven que un prado vale su hierba en oro. Pero el valor de la tierra está ligado a la preservación de su entorno, y los políticos son los árbitros que han de decidir los usos de acuerdo con la normativa. ¿Hecha la ley, hecha la trampa?
BARCELONA / LLEIDA.- El pequeño mundo de los Pirineos y de muchos pueblos similares se ha convertido en el ojo del huracán de las sospechas de especulación inmobiliaria, de corruptelas y daños quizá irreparables para el sostenimiento ambiental de la zona.Es la peculiar dimensión del mundo pequeño y «de estas cosas», la que explica el fenómeno, en palabras de Joaquim Llena. Si como ex alcalde d'Alt Aneu no hubiera llegado a conseller de la Generalitat, este debate no habría llegado al Parlament de la forma cómo lo hizo, en el que la defensa de una actuación controvertida pasó por un ataque del tipo «y tú más».
En ese pequeño país que forman los Pirineos, donde todo el mundo se conoce y tiene un familiar o conocido en las empresas con intereses inmobiliarios o turísticos en la zona, toda decisión política va tintada de susceptibilidad.
Pero yendo de lo particular a lo general, sobre el territorio existe un proyecto de Gobierno, el plan territorial del Alt Pirineu i l'Aran que se extiende al Pallars Sobirà, y que destaca la necesidad de potenciar equipamientos turísticos y de alojamiento colectivo -lo que se denomina camas calientes- en detrimento de las segundas residencias -camas frías- para conseguir un modelo de territorio más equilibrado. «los crecimientos, en casos de saturación, se han de producir en plazas hoteleras que permitan una mejor relación de la actividad turística con el territorio».
Llevada esta generalidad a lo particular, el hotel familiar que posee el conseller de Agricultura en el centro urbano de València d'Aneu, se convertirá en una edificación de 48 apartamentos de segunda residencia, una vez haya pasado los trámites urbanísticos que, de momento, ha recurrido el grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento por entender que no respeta las normas subsidiarias.Por su parte, la promotora que comercializa los controvertidos apartamentos, Promhogar, ya ha vendido la mitad de los pisos.
El proyecto del hotel, según CiU, no reúne los requisitos para su aprobación porque varía el volumen de edificabilidad de tal forma que supera los máximos establecidos.
Se trata de una situación similar a la denunciada por unos vecinos de Son, un núcleo agregado a Alt Aneu, que ha llegado al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), como adelantó EL MUNDO el pasado jueves. Son hechos de 2004, cuando el Ayuntamiento que dirigía Llena suscribió un convenio urbanístico con la empresa Farré Ricou Promocions para, según los demandantes, dispensarles de la normativa de planeamiento vigente para poder construir cuatro viviendas en la calle dels Corrals.
El convenio contenía una nueva distribución del volumen de la edificabilidad contraria a las normas subsdiarias y, llevado a la práctica, supone una mayor ocupación del suelo, de un 117%.
Además, la edificación se saltó el trámite de informe ante la comisión territorial de Patrimonio Cultural de Lleida, teniendo en cuenta que se eleva en el entorno protegido de la iglesia de Sant Just i Pastor, por lo que la Comisión de Cultura se vio obligada a «recordar» al Ayuntamiento «la obligatoriedad de solicitar la autorización» antes de conceder una licencia municipal. La Comisión detectó asimismo que «el marco normativo de carácter urbanístico no es el más apropiado para dar una respuesta adecuada a las nuevas edificaciones, ya que el resultado puede llegar a ser, como en este caso, una tipología inadecuada para un entorno de protección y, en general, para la conservación de los valores culturales de los núcleos» urbanos. En primera instancia, la justicia ha dado la razón a los demandantes, pero el Ayuntamiento ha recurrido.
Esta actuación tampoco es aislada. En València d'Aneu se levantan edificaciones que han hecho uso del terreno de aprovechamiento público del Ayuntamiento de manera que han perjudicado al conjunto y han llegado a tapiar literalmente las terrazas de otros inmuebles existentes previamente; la edificación de casas de madera, que no están permitidas de acuerdo con la normativa; o la elevación de más plantas de las que contemplan las normas subsidiarias, según denuncian vecinos de la población.
El proyecto de construcción de 379 apartamentos en Sorpe, que no llega a los 40 habitantes y promueve entre otros Aneu Desarrollos Urbanos, propiedad de Javier Ayora, administrador también de Promhogar; o el proyecto de construcción de un campo de golf en la Ribera de Cardós, que contempla la edificación de más de 200 viviendas, cinco hoteles y centros de convenciones, son otros ejemplos de actuaciones urbanísticas que quedan en entredicho tras los respectivos estudios de impacto ambiental efectuados por asociaciones ecologistas como Ipcena o Joves d'Esquerra Verda.
Planean las dudas de irregularidades sobre el aprovechamiento de los espacios públicos, pero más allá del debate puramente legal de la actuación, se abre otro sobre la ética o la política de tal decisión, que contraviene las ideas sobre las que gira el plan territorial en pos de un crecimiento sostenible.
Desde el PSC, el diputado Francesc Boya apoyaba el pasado martes al conseller Llena apelando «al derecho de los vecinos de los Pirineos a progresar y a aprovechar los recursos que nos ha dado la nieve», e incluso a justificar la decisión de Llena de reconvertir su hotel en clave de «defensa de su patrimonio».
Y es que el caso de Alt Aneu no es único en los Pirineos. El boom inmobiliario de la Vall d'Aran y la Cerdanya o capitales de comarca como Sort se ha trasladado a otros pequeños municipios del Pirineo leridano que ven en el motor de la construcción una oportunidad de negocio y desarrollo imparable. Los lugareños esgrimen su derecho a evitar la desaparición de sus pueblos, mientras se benefician de un buen precio por sus terrenos o jugosas permutas que les permiten ver crecer sus localidades.
El municipio de Espui, en pleno corazón de la Vall Fosca, es uno de los ejemplos más claros de cómo la construcción de un campo de golf y el proyecto de una estación de esquí pueden transformar una pequeña aldea en una gran zona residencial de vacaciones y segundas residencias con 99 apartamentos ya construidos. Justo enfrente de los nuevos apartamentos encontramos una zona de 40 hectáreas, ligada al campo de golf y a la estación de esquí de Filià, donde se construirá un macrocomplejo con 7.500 camas para el turismo (el 65% en hoteles y el resto en apartamentos), además de comercios y locales de ocio, según explica Assumpta Codinac, portavoz de la plataforma Vall Fosca Activa, contraria al proyecto.
Según Codinac, el origen de este crecimiento incontrolado arrancó en 1998 cuando una empresa constructora familiar, Vall Fosca Interllacs, adquirió terrenos en la localidad de Espui a unos seis euros el metro cuadrado y consiguió hacerse dueña de un gran número de fincas, huertas, eras y casas. La operación culminó con la aprobación del complejo lúdico-residencial y ya ha pasado por varios promotores. Desde marzo, está en manos del grupo inmobiliario Martinsa, que lo sigue comercializando como Vallfosca Resort Ski&Golf, de Fadesa.
La operación cuenta con el beneplácito del Ayuntamiento de la Torre de Capdella, que considera que servirá para dinamizar la zona, y tanto el primer Consistorio convergente como el actual, socialista, apoyan el proyecto, añade Codinac. El complejo va paralelo a la declaración de nuevas zonas urbanas junto al campo de golf, donde se han construido los 99 apartamentos y anima a los constructores locales a edificar.
La plataforma contraria a esta iniciativa han presentado numerosas alegaciones a un proyecto que según ellos pretende masificar el turismo de una de las entradas naturales del Parc Nacional d'Aigüestortes.
APOYOS
La trampa de la justicia contenciosa
BARCELONA.- Histórico es el colapso de la justicia contencioso-administrativa, su falta de recursos económicos y personales, la falta misma de órganos judiciales para atender de forma normalizada el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Jordi Miró, diputado de la Junta de Govern del Colegio de Abogados de Barcelona, recuerda que «el objeto esencial de esta Administración es el control público», y la situación creciente de colapso genera un desánimo ciudadano, retrasa la respuesta y supone que la revisión de las actuaciones de las Administraciones tarde entre tres y cuatro años. «Eso facilita siempre los intereses de las corporaciones», observa Miró, se fuerzan procesos innecesarios y licencias municipales concedidas de manera ilegal con el tiempo se mantienen pese a tener un fallo contrario porque cuando se resuelve el pleito, «ya hay terceras personas ocupando las casas» y prima el interés general, con lo que se mantiene.
LA DEFINICION DE UN MODELO
En comisión. El conseller de Agricultura tuvo que comparecer el pasado martes en una comisión parlamentaria para explicar sus actuaciones urbanísticas como alcalde de Alt d'Aneu.
Joaquim Llena
PSC
«Nada me dolería más que esta polémica sirviera a los intereses de aquellos que siempre han querido un desarrollo urbanístico que no cuide el territorio»
l Felip Puig
CiU
«Doble moral: en Alt Pirineu, camas calientes; en Alt Aneu, camas frías, confusión de cargos
y lazos familiares»
