Los tres inculpados -Martín Michelene Gil, Ignacio Mate Ormazabal y Juan Carlos Alvarez Sánchez- actuaron, según el fiscal, en compañía de otros individuos no identificados, «guiados todos ellos por un ánimo evidente de coadyuvar a los fines perseguidos por ETA», delito por el que el Ministerio Público solicitó el pago de nueve euros diarios durante dos años.

Durante el juicio, que se celebró el pasado 15 de febrero, se consideró probado que un grupo de personas no identificadas forzaron a parar, con barricadas, a dos autobuses y procedieron a lanzar piedras y otros objetos.

Sin embargo, según señala la sentencia, aunque los acusados sí estaban en donde se produjeron los hechos y en el momento en que sucedieron «ninguno de ellos» lanzó piedra alguna u otro objeto contra los autobuses.