La extrema pobreza en la que viven dos de cada tres bolivianos -cuya situación no ha mejorado con el Gobierno indigenista de Evo Morales, sino todo lo contrario- ha empujado a miles de ellos a viajar a España en los últimos años como si fueran turistas para quedarse después en situación irregular. En el mejor de los casos, con un trabajo. Las autoridades calculan en más de 300.000 el número de inmigrantes bolivianos que viven en España, de los que apenas 60.000 tienen sus papeles en regla. Bolivia era de los pocos países suramericanos que estaban exentos de la exigencia de visado para viajar a la UE. Hasta ahora, los naturales de ese país podían entrar en España con un billete de ida y vuelta, 300 euros para sufragar su estancia y una reserva de alojamiento. La excepción boliviana acaba hoy, día en el que entra en vigor la imposición del visado para entrar en España y en el resto de la UE.
El anuncio de la exigencia del visado por parte del ministro Caldera hace ocho meses produjo el consiguiente efecto llamada y llevó a miles de bolivianos a adelantar su viaje a España. En los últimos diez días, han llegado a Barajas más de 10.000 personas procedentes de Bolivia. Algunos ni siquiera han podido traspasar los límites aduaneros, ya que más de un centenar han sido devueltos cada día. La carrera desesperada contrarreloj para entrar en España antes del 1 de abril produjo el colapso de las oficinas migratorias y dio lugar a abusos y estafas por parte de funcionarios y compañías aéreas, una de las cuales fue cerrada por el Gobierno. El director de Migraciones de la ciudad de Santa Cruz fue detenido por corrupción en la emisión de pasaportes.
Esta presión migratoria ha provocado algunos incidentes en las aduanas españolas. El ejemplo más gráfico son esos 82 bolivianos que viajaban en un crucero a quienes se impidió la entrada en varios puertos porque no llevaban billete de vuelta. El ministro de Exteriores de Bolivia carga la responsabilidad de la crisis migratoria sobre España, a quien acusa de «criminalizar la inmigración» y de maltrato a sus compatriotas. Son declaraciones de todo punto inaceptables. Es evidente que España tiene no sólo el derecho, sino también la obligación de establecer controles en sus fronteras para frenar la inmigración irregular. Las primeras víctimas del descontrol son los propios inmigrantes, puesto que no puede haber trabajo para todos los que quieran venir. El Gobierno boliviano, en vez de seguir culpando de la situación del país a los 500 años de dominación española, tendría que ser capaz de mejorar las míseras condiciones de vida de sus ciudadanos para que no se vieran obligados a dejar su país sólo para vivir dignamente.
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