Estas dependencias, según la investigación, «tendrían que contar con un equipo multidisciplinar, que derivara los pacientes al sistema público de salud».

El estudio, elaborado por las investigadoras Amparo Arroyo, María Jesús E. Leal y Teresa Marrón, parte de una muestra de 100 personas privadas de libertad de forma preventiva y que mostraron una relación con el consumo de drogas de abuso.

El estudio, que lleva por título Estudio de la influencia de los tratamientos médicos y psicoterapéuticos en la disminución del delito en población adicta a drogas, señala que el 93% de la muestra han recibido o se someten a algún tipo de tratamiento para la drogodependencia, cuando el 70% de la muestra global ha seguido tratamiento un máximo de 12 meses.

Asimismo, el 81% de la muestra valorada no estaba en tratamiento cuando cometió el acto que motiva su situación penal, un 13% estaba en tratamiento y un 6% no vinculan tratamiento y delito.Analizados los datos, el 37,6% de la muestra total tiene menor conflictividad penal cuando se encuentra en tratamiento, y este elemento se hace especialmente importante porque «los detenidos en tratamiento tienen menos autoagresividad, heteroagresividad y violencia en los hechos delictivos». Una vez en el sistema penitenciario, los delincuentes son más impermeables a los resultados positivos del tratamiento.

Es por ello que los investigadores destacan que «la intervención en los departamentos policiales y en los juzgados donde su situación legal aún no está definida sería el entorno idóneo para iniciar esta acción de apoyo y ayuda a los drogodependientes». Los servicios médicos de las prisiones «juegan un rol primordial».

Por otro lado, la investigación pone de relieve que se ha de potenciar la inclusión, la adhesión y el seguimiento para que el número de abandonos sea el menor posible».

Para ello, se propone unificar y adaptar los protocolos asistenciales de la red de drogodependencias, al tiempo que se quieren impulsar ámbitos de intervención básicos para la salud del drogodependiente y los beneficios derivados para la sociedad, como los programas de salud en la escuela, en las familias o la prevención en el ámbito laboral.

Otras asignaturas pendientes detectadas por el estudio son los programas de prevención en las minorías étnicas e inmigrantes, la capacitación, formación y apoyo de los profesionales sanitarios, y la prevención en colectivos específicos -internos de los centros penitenciarios y detenidos a disposición judicial.

Y es que según el estudio, «la detección del abuso de drogas, sus secuelas y la enfermedad mental han de motivar la planificación de los servicios sanitarios.